En la 8va. y última sesión del año que llevó adelante la Cámara Legislativa, los parlamentarios aprobaron una serie de modificaciones a la Ley Provincial Nº440, conocida como ley impositiva. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y le da cuerpo material al “Consenso Fiscal”.
La iniciativa redujo la incidencia del impuesto que grava las actividades económicas de los servicios de cotos de pesca, servicios de alojamiento por hora y servicios de transporte aéreo de pasajeros. Para estos tres sectores productivos, las cargas fiscales se redujeron en un punto porcentual, en diez puntos porcentuales y un 0,5% respectivamente.
El argumento que se desprende de la fundamentación del proyecto es que al bajar estos impuestos por los ingresos brutos, “se propician los incentivos adecuados para destinar los recursos excedentes a un incremento de la actividad económica y al crecimiento del empleo, pilares fundamentales de este Gobierno”.
Ninguna de las tres actividades antes mencionadas tiene una incidencia importante en la actividad económica de la Provincia, aunque es difícil saber cuánto aporta a la recaudación de la AREF cada una de ellas, ya que en los informes que divulga tan gentilmente la agencia, no está discriminado por nomenclador de actividad lo recaudado por ingresos brutos.
Hay que tener en cuenta que el impuesto por “ingresos brutos” se abona mensualmente y se calcula a través de un porcentaje -la alícuota- sobre la facturación del mes, dependiendo de la actividad que se trate. Todos los impuestos, además de contribuir a los recursos con los que cuenta un Estado, delinean la actividad productiva que cada Gobierno quiere perseguir o acentuar. No queda claro qué política económica busca desarrollar la gestión Bertone con la reducción de estos impuestos en particular, teniendo en cuenta que estas actividades no son, ni de cerca, las que más empleos registrados aportan.
Por último, en esta nueva reforma tributaria se incrementaron nuevamente los impuestos a las actividades de intermediación financiera. Hay que decir que lo recaudado por este concepto tiene un destino específico: el sistema previsional de la Provincia, ya que continúa siendo deficitario en 2200 millones de pesos según el presupuesto 2018-2020, firmado por unanimidad por los directores de la Caja Previsional. Con un objetivo similar se incrementó en un 0,5 por ciento la alícuota adicional creada mediante la Ley Provincial N° 907 que financia el “Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales” destinado a “solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación, en las partidas
presupuestarias de personal, bienes y servicios no personales, bienes de uso y construcciones, cuyo producido constituirá una afectación específica de recursos presupuestarios, poniendo especial énfasis en atender la delicada situación en que se encuentra el Hospital Regional Río Grande”.
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