Aún no se cumple la cifra pactada de USD 100 mil millones anuales de movilización financiera desde países desarrollados hacia países en vías de desarrollo. Además, esto no soluciona el paradigma actual: falta un mayor compromiso efectivo a nivel global en términos de inversión pública y privada para combatir el cambio climático.
El financiamiento climático es uno de los cimientos fundamentales del Acuerdo de París y logros previos de las negociaciones internacionales, como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Acuerdo de París es un ‘hijo’ de la CMNUCC ya que reitera compromisos (comparte principios) pero añade exigencias (mayor rigurosidad en las responsabilidades de los países). Comienza enfatizando la necesidad de alcanzar un estado de flujos financieros que se adecúe a un nivel compatible con una trayectoria de desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, tal como expresa el Artículo 2.1.c. Ahora bien, ¿qué es el financiamiento climático? ¿Qué implica?
Aquí nos encontramos con el primer vacío: no contamos con una definición clara en la literatura específica de lo que significa. Posiblemente porque traería algunas complicaciones en cómo contemplar movimientos previos y actuales (es decir, si transacciones ya realizadas fueron parte de lo que puede considerarse como tal o no) o porque no están dadas las condiciones técnicas a nivel global para medir esta vertiente, además de deber lograr un difícil consenso en cómo dimensionarla (es decir, qué metodología universal aplicar). Este rasgo es fundamental. Sin una definición técnica y clara, tampoco podemos avanzar en cómo medirlo y llevarlo a cabo.
Igualmente, podemos identificar en un sentido amplio que el financiamiento climático implica los recursos financieros movilizados para mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático. Estos pueden provenir de fuentes privadas o públicas y canalizarse mediante fondos nacionales, instancias bilaterales o programas multilaterales.
Una de las decisiones finales de la COP 15 del año 2009 en Copenhague establece la promesa de los países desarrollados en movilizar financiamiento a largo plazo por la suma de USD 100 mil millones hacia países en vías de desarrollo para 2020. Años más tarde el Acuerdo de París, en la Decisión 1/CP.21 inciso 53, reafirma la intención y compromiso de los países desarrollados de movilizar cómo mínimo esa cifra hasta 2025 “en un contexto de una labor real de mitigación y de la transparencia en la aplicación… teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo”.
Hoy no se está alcanzando esa cifra pactada. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) analiza el financiamiento proveído y movilizado por países desarrollados en el período 2013-2018 e identifica un monto de USD 78,9 mil millones. Además, señala que recién en 2022 podrán verse los resultados de movilización para los años 2019-2020. Pareciera que estamos ‘cerca’ de evidenciar la cifra esperada, pero hasta ahora no hay pruebas.
Según la investigación del Climate Policy Initiative para el período 2017-2018 se alcanzó un nivel de transferencias de USD 579 mil millones considerando actores privados y públicos. Una vez más, estas cifras no son suficientes. En la actualidad las inversiones fósiles triplican a las renovables y los esfuerzos de inversión climática internacional en sistemas energéticos renovables deben triplicarse como mínimo para llegar al escenario de aumento de temperatura máximo de 1,5°C. Así, la transición a una economía global baja en carbono varía de un financiamiento anual de entre USD 1.6 billones a USD 3.8 billones, más USD 180 mil millones de 2020 a 2030 destinados a la adaptación al cambio climático. De nuevo, todavía no estamos en los niveles necesarios, pero ahora sí hay pruebas.
Hay una necesidad indudable, concreta, de los países en vías de desarrollo de recibir por un lado financiamiento climático en forma de donaciones, préstamos a tasa baja o inversiones directas, y por el otro, transferencia de conocimientos técnicos y tecnología. Otras urgencias como crisis humanitarias, falta de transparencia estatal o desigualdades sociales como la pobreza, hacen que este grupo de países (la mayoría en términos poblacionales y en cantidad de Estados) quede a mitad de camino. Si este conjunto no puede realizar la transición energética adecuada y afrontar el cambio climático, sus habitantes pierden. Pero también pierden los desarrollados, ya que estos esfuerzos no contribuirían suficientemente para contrarrestar la posible tragedia de los comunes mundial que buscamos evitar.
Si bien los países desarrollados fueron responsables del presente que tenemos por sus emisiones históricas, debemos rescatar un rasgo positivo al reconocerse pioneros en llevar adelante políticas en su territorio y promover la potencialidad de otros, financiándolos. No obstante, la coyuntura global de largo plazo que estamos discutiendo tiene varios puntos en contra al analizar el financiamiento. Hoy el peso de la inversión en combustibles fósiles (sobre todo en forma de subsidios para su explotación) sobrepasa las iniciativas renovables; no contamos con una metodología estandarizada para medir el financiamiento climático internacional; y los proyectos de mitigación tienen más relevancia que los programas de adaptación al cambio climático, contradiciendo las bases del Acuerdo de París; entre otras cuestiones.
La buena noticia es que el reciente Pacto de Glasgow explicita estos pendientes, los remarca visiblemente. Esto no es algo menor porque así se logra conciencia en la comunidad internacional, presión en los tomadores de decisiones públicos y privados, e incentivos a redoblar esfuerzos. Luego de más de tres décadas de negociaciones internacionales vinculadas al ambiente, es vital tener sinceridad para lograr celeridad de acción.
Foto de portada: OCDE
Connor Fernandez es profesor en la Universidad de San Andrés en materias de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y consultor e investigador en temas de fortaleza institucional, transparencia democrática y cambio climático. Además, está a punto de obtener la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático por FLACSO Argentina y es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés.
