Empleados del hospital intervenido por Nación no cobraron sus sueldos de agosto. Las medidas de reclamo paralizan los servicios. Empleados exigen renuncias, y piden intervención de la Provincia y apoyo de la comunidad.
En El Calafate la salud pública está en crisis. La ciudad tiene un hospital de alta complejidad que nació en el 2015 para ser cabecera de la Patagonia sur, pero hoy sus casi 500 empleados no cobraron el sueldo de agosto y las atenciones se limitan a cuestiones de urgencias con un paro por tiempo indeterminado.
El Hospital SAMIC de El Calafate fue construido durante cuatro años, e inaugurado en febrero del 2015. En mayo de ese año comenzó a prestar servicios.
Fue creado con un sistema tripartito en el que la Nación aportaba el 75% del presupuesto, la provincia de Santa Cruz el 20% y el municipio el 5%.
La participación presupuestaria también definía los roles en la conducción a cargo de un Consejo Administrativo. El gobierno nacional tenía tres integrantes, la provincia dos, y la municipalidad un representante.
Con el cambio de gobierno del 2015, Nación cambió sus representantes, quedándose con la mayoría de los votos en el Consejo Administrativo, pero que no le sirvió para cambiar al director médico que había quedado de la anterior gestión, y con eso varios cargos. La solución política fue la de intervenirlo con una orden del ministerio de Salud de la Nación, a partir de abril del 2017.
El gobierno santacruceño hizo reclamos administrativos y judiciales en desacuerdo con la intervención, pero que no prosperaron.
El interventor designado fue el médico Leonardo Federico Riera, quien a los pocos meses presentó la renuncia en desacuerdo con la política nacional, y denunciando que quien lo había convocado, el senador radical Eduardo Costa, le exigía que “cortara cabezas” de los kirchneristas.
Gastón Ortíz Maldonado, político radical de la provincia de Buenos Aires, que había sido llamado para coordinar el área administrativa, fue elegido como el nuevo interventor, quien pese a la resistencia de sectores de empleados se mantiene en el puesto hasta la actualidad.
Desde el inicio de la intervención renunciaron cinco directores médicos, el último fue Carlos Sheidger alejado la semana pasada.
El interventor Ortíz Maldonado permanece en estos días en Buenos Aires, desde donde había asegurado el envío de fondos nacionales por 130 millones de pesos, lo que serviría para pagar dos meses de sueldos y una parte de las deudas a proveedores, incluyendo la cooperativa que realiza la limpieza.
Del hospital de El Calafate también depende el Hospital peliche de Río Gallegos, cuyos empleados tampoco cobraron su sueldo de agosto.
Desde la intervención aseguran que los retrasos se deben a que desde el año pasado no se llegó a un acuerdo con el gobierno provincial para que este se hiciese cargo del hospital, como era la idea de Nación, y que esta nunca contestó si haría aportes al presupuesto, quedando el SAMIC durante todo el 2019 dependiendo de partidas extraordinarias que deben aprobar las oficinas nacionales.
También parte del reclamo de la intervención es que Provincia y Municipio dejaron de aportar sus partes, y que la Caja de Servicios Sociales (obra de los empleados públicos santacruceños) mantiene deudas con el hospital.
La semana empezó sin novedades de la partida económica.
Una asamblea abierta en el hall principal definió exigir la renuncia de los directivos, una junta de firmas interna para pedir que intervenga el gobierno provincial y pedir apoyo de la comunidad.
ATE, UPCN y autoconvocados son los sectores que llevan adelante el reclamo.
Este martes a la tarde, cuando en el anfiteatro de la ciudad se realice el desfile de carrozas por la llegada de la primavera, los hospitalarios se manifestarán para visibilizar su problema.
Salas de espera y consultorios vacíos, cirugías y turnos de diferentes atenciones suspendidos, mal humor e incertidumbre por parte de los empleados es lo que muestra el hospital calafatense.
Desde el gobierno local muestran apoyo diario a los empleados del hospital mediante acciones del municipio, concejales y de legisladores nacionales.
Por la demanda de servicios la Unidad Comunitaria de Salud Familiar José Formenti (dependiente de la provincia), que brinda servicios primarios, debió ampliar sus horas de atención, incluyendo los fines de semana.
Números
La masa salarial de agosto y septiembre significa casi 38 millones de pesos mensuales, contemplando devolución de ganancias y aumentos.
Los empleados son 500 personas, de las cuales unas 100 son profesionales médicos.
Se suman casi 100 integrantes de dos cooperativas de limpieza y 85 monotributistas (incluidos 17 del Hospital peliche de Río Gallegos).
Sergio Villegas
Seguí leyendo El Rompehielos: REGIONALES
