La ley Micaela es cómo se denomina comúnmente a la Ley Nacional 27499 y prevé capacitación obligatoria en perspectiva de género para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Para que se aplique en las dependencias provinciales, la Cámara Legislativa de Tierra del Fuego AIAS debe sancionar una ley de adhesión a la norma nacional.
En la actualidad hay dos proyectos en el parlamento fueguino que persiguen ese objetivo; uno enviado por el Poder Ejecutivo -que cuenta con mayoría propia- y otro presentado por el Bloque UCR-Cambiemos, que tiene tres bancas. La iniciativa cuenta con dictamen favorable en dos de las tres comisiones en las que fue analizada. Esta semana, cuando se iba a avanzar en la Comisión de Salud, los legisladores, Pablo Villegas y Mónica Urquiza del Movimiento Popular Fueguino, cuestionaron la obligatoriedad de las capacitaciones. Por su parte el legislador oficialista, Ricardo Romano criticó la supuesta “ideología de género” que contiene la Ley Micaela ya que, a su criterio, adoctrinará a los trabajadores públicos.
Vale la pena recordar que la Ley 27499 lleva el nombre de Micaela García, una militante entrerriana del Movimiento Evita, que fue violada y asesinada en Gualeguay en 2017 por Sebastián Wagner y Néstor Pavón. La conmoción pública que provocó el caso fue lo que dio origen a la iniciativa legislativa, ya que Wagner -uno de los agresores- debía haber estado preso por otras dos violaciones, sin embargo, y a pesar de dictámenes que desaconsejaban su libertad condicional, el juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, se la concedió. Es decir, la norma nacional, que llegó tarde para la joven militante, surgió como una respuesta ante la falta de sensibilidad y perspectiva de género con la que se manejan los poderes del Estado, ya que esas falencias derivan en la muerte de mujeres, como la de Micaela.
Pero para Villegas es “chocante” la obligatoriedad de la capacitación sobre género y cuestionó en declaraciones a FM Del Sur las posibles sanciones que puedan recibir aquellas personas que se nieguen a recibir los cursos.
Por su parte el legislador, Ricardo Romano, que lidera la lista de Movimiento Control Ciudadano -que está integrado en gran parte por referentes evangelistas- objetó que se de capacitaciones obligatorias “sobre ideología de género” y subrayó que “el Instituto Nacional de las Mujeres es ideología de género”.
El gran debate que despierta el proyecto que busca que Tierra del Fuego AIAs, adhiera a la Ley Micaela, deja en evidencia la necesidad de que la Provincia cuente con la Ley Micaela.
Luz Scarpati
