Después de muchos cruces mediáticos y una sesión caldeada, la Cámara Legislativa provincial aprobó con los votos de todo el bloque mayoritario del FPV-PJ el decreto del Poder Ejecutivo por medio del cual se le adjudicó a Mirna Antunovic de Bridge 10 mil hectáreas de la reserva “Corazón de la Isla”.
La primera vez que llegó el Decreto 620 fue en 2016. El texto era similar al que llegó nuevamente en diciembre de 2018, cuando el primero perdió estado parlamentario y explicaba los motivos de esa decisión administrativa y política: Mirna Antunovic solicitó la adjudicación en venta de tierras fiscales. En 2002 se dictó una resolución no haciendo lugar al pedido. La mujer inició el reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra Provincia. El Alto Tribunal dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda, declarando la nulidad absoluta de la Resolución S.PyD N° 56/02 y le ordenó al Ejecutivo dictar un nuevo acto, con apego a la doctrina que surgió de los considerandos de la sentencia.
Sin embargo, en 2015 se emitió una nueva resolución en la que no se hizo lugar al pedido. La antigua pobladora recurrió nuevamente al máximo organismo judicial denunciando el incumplimiento de la sentencia por parte del Poder Ejecutivo. Finalmente el STJ dijo, “muchaches apéguense a derecho”. Y así fue como la administración Bertone emitió el decreto de la discordia.
Ahora, por más apego a las normas, todos los parlamentarios observaron que habría allí un costo político que afrontar si levantaban sus manitos acompañando la medida. Entonces hicieron algo que la Legislatura sabe hacer muy bien; lo plancharon. Pasó todo 2016 y el 27 de octubre de 2017, el presidente del bloque FPV-PJ y titular de la Comisión de Recursos Naturales, Federico Bilota, cambió las reglas del juego, introduciendo sobre tablas una modificación a la Ley Provincial N° 313 (de tierras fiscales). La norma fue aprobada, incorporando en el texto de la ley un párrafo en el que le otorgó 30 días hábiles a la Legislatura para ratificar los decretos de adjudicación de las tierras fiscales y si el parlamento no se expide en ese plazo, los decretos quedan automáticamente ratificados.
En diciembre de 2018, con esa modificación vigente, el Poder Ejecutivo envió otra vez el decreto por el cual pretendía adjudicar en venta 10 mil hectáreas de la reserva “Corazón de la Isla” a Mirna Antunovic. Con los plazos en marcha, ahora el parlamento no podía mirar para otro lado, a menos que quisiera, sin discusión, ratificar ese decreto.
En pleno año electoral, la oposición no iba a asumir ese costo político, por lo que rápidamente salió por los medios de comunicación a anunciar el rechazo a la medida y convocaron a una sesión especial que se desarrolló el 11 de Abril. También hubo algunas fisuras en las filas de Bertone, ya que el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Perez Toscani, manifestó su rechazo al decreto. Al igual que la concejal de Río Grande, Laura Colazo, aliada de la gobernadora provincial.
Desde las filas del gobierno, salieron a responsabilizar de todo este problema a la ex mandataria provincial Fabiana Ríos, lo que constituyó un tiro por elevación a sus -hoy- aliados electorales, Gustavo Melella y Damián Löffler. Por su parte, el legislador Bilota, detalló en declaraciones mediáticas que durante la gestión de Ríos fue notificado el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, como representante de los intereses de Tierra del Fuego, y fue él quien recomendó que “no interpusiera un recurso extraordinario federal”.
Así las cosas, en un sesión picante, y con las organizaciones ambientalistas presentes, pero con mayoría propia el oficialismo logró aprobar el decreto. Pero la oposición buscó diferenciarse y dejar en evidencia quienes fueron los que levantaron la mano, para que sean ellos los que deban afrontar el costo político en un escenario electoral.
Luz Scarpati
