Página/12 – El decreto que aprobó el presidente Mauricio Macri para reducir las indemnizaciones por accidentes de trabajo enfrenta sus primeros obstáculos un día después de su publicación. La medida gubernamental ya enfrenta un proceso judicial ante la denuncia de inconstitucionalidad del juez arbitral Daniel Igolnikov. Además, la oposición presentó un proyecto para reclamar su derogación en la Cámara de Diputados.
El DNU 669, duramente cuestionado por abogados laboralistas, es de acuerdo a Igolnikov una decisión que “perjudica a todos los que han padecido un siniestro laboral”. Así consta en la denuncia que presentó ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
En el escrito, el magistrado de conflictos individuales de trabajo advierte que el decreto responde a “una motivación obviamente antidemocrática” en tanto implica “una suma del poder político”. En este punto en particular se refiere a que la medida no fue refrendada en el Congreso porque se quiso “eludir la discusión”.
Igolnikov resaltó que en definitiva el DNU es producto de “la sola voluntad de un poder, que invoca una razon de urgencia, por razones de inmediato perjuicio a las aseguradoras de riesgo del trabajo”. El decreto que Macri publicó a dos meses del cambio de gobierno reemplaza el mecanismo de actualización de los salarios que se utiliza para establecer la base de cálculo de las reparaciones a trabajadores accidentados.
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