En su última sesión ordinaria, el Parlamento Fueguino propuso crear el Régimen de Tarifa Social Eléctrica Fueguina. La Legislatura decidió girarlo para su tratamiento a las comisiones de Presupuesto (2) y Legislación General (1).
En caso de ser aprobada, la propuesta de Tarifa Social Eléctrica Fueguina alcanzaría a “jubilados y pensionados, por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; empleados en relación de dependencia que reciben una remuneración mensual bruta/neta igual o inferior a dos salarios mínimos vital y móviI (SMVM); beneficiarios de programas sociales; e inscriptos en el Régimen de Monotributo Social”.
Alejandro Ledesma, presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) se pronunció al respecto: “Teniendo en cuenta cómo está la situación hoy, volcamos los dos, tanto nosotros -la DPE- como la Cooperativa Eléctrica. Si esto sale, habrá que ver de dónde saca fondos el gobierno para cubrirlo”, expresó.
Ledesma se mostró preocupado ante la crítica situación socioeconómica que atraviesan algunos sectores: “La plata es una sola y, si lo cubrimos con el tesoro provincial, desvestimos un santo para vestir otro. Por eso, estamos tratando de mantener la tarifa como está para no complicar la situación de la provincia por culpa de la economía y de la forma en que están llevando el gobierno nacional, que nos afecta directamente. Es complicado aumentar la tarifa y hacer descuentos, así que estamos en un momento en que hay que mantenerse tranquilos hasta que la situación esté más clara”, manifestó.
El proyecto contempla que podrán acceder al beneficio las personas incluidas en el “Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 Ley 25.239); beneficiarios del seguro de desempleo; veteranos de Guerra del Atlántico Sur que sean beneficiarios de Pensión Vitalicia y personas discapacitadas que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente”.
Además contempla a “toda persona en estado de vulnerabilidad social, o que acredite, por cualquier medio de prueba, conforme la normativa vigente, la imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa ordinaria del servicio público de electricidad”.
Para el caso de Río Grande, donde el servicio lo provee una cooperativa, el gasto que demande la implementación de la Tarifa Social Eléctrica será incorporado al presupuesto de la Dirección General de Energía.
Sabrina Romano
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