El proyecto amplía y otorga nuevos beneficios de la emergencia económica declarada en Santa Cruz, especialmente para el turismo. Mayores plazos de tiempo para pagos, financiación de interés de créditos y en la compra de pasajes, son algunos de los puntos.

La posibilidad de que la actividad turística tenga una declaración de emergencia específica fue planteada en la Cámara de Diputados de Santa Cruz por los diputados calafatenses Juan Manuel Miñonez y Jorge Arabel, con el acompañamiento de la riogalleguense Laura Hindie, los tres integrantes del bloque oficialista pero pertenecientes al sector “Nace una Esperanza” que encabeza el intendente calafatense Javier Belloni.

La iniciativa tiene el aval de la comisión de Comercio y Turismo (que preside el mismo Miñones), pero encuentra resistencia en la de Presupuesto y Legislación General que decidió que el tratamiento sea la próxima semana.

El tema no llegó a la sesión virtual del jueves, como pretendían sus impulsores.

En Santa Cruz, el gobierno de Alicia Kirchner declaró la Emergencia Económica terminando marzo, a raíz de las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Fue mediante el decreto 314/20, ‘ad referendum’ de la Legislatura provincial, entre otras cosas suspenden los cortes de agua y energía por falta de pago a usuarios residenciales y comerciales, con un prorrateo de 12 meses a partir de julio.

También se eximen las tasas administrativas menores a 400 pesos, incluyendo las que correspondieren a la secretaría de turismo.

La ASIP prorroga el pago del impuesto inmobiliario rural hasta el 30 de junio y establecer planes de facilidades.

Otra de las medidas es el aplazamiento por 90 días de vencimientos de habilitaciones provinciales para el transporte automotor de cargas y pasajeros.

Al mismo tiempo fueron suspendidas las ejecuciones fiscales.

NO ALCANZA

Pero los diputados calafatenses entienden que la emergencia general no alcanza para morigerar la crisis que afecta al turismo, y piden una emergencia especifica de un año, que contemple la creación de un Consejo de Emergencia Turística (CET) (Ad Honorem), integrado por representantes del sector público y del privado, para asesorar al Gobierno Provincial y a municipios en la reactivación de la actividad.

Además, el proyecto establece un programa de subsidios de hasta el 50% sobre las tarifas de pasajes aéreos de personas que viajen turísticamente a destinos santacruceños.

También comprende que se financie el 50% de interés de créditos que el Banco Santa Cruz pueda otorgar con fines de mejora de infraestructura turística.

Otro punto es la suspensión de 180 días las ejecuciones fiscales para sectores de la gastronómica y transporte.

El proyecto de ley pone énfasis en que por 180 días se exima del pago de tasas y del impuesto “Ingresos Brutos” a transportistas y gastronómicos.

Que se difieran vencimientos hasta el final de la temporada 2021, y que no se habiliten nuevos emprendimientos ni servicios turísticos hasta el 31 de marzo del 2021, son otras de la idea del proyecto de ley.

Para los autores, la financiación debe ser atendida “con los fondos que reciba la Provincia de Santa Cruz en el marco de la ayuda económica dispuesta por el Gobierno Nacional para la atención y contención de la pandemia por COVID-19 y con los empréstitos que se tomen en virtud de la autorización concedida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz mediante Ley Provincial Nro. 3695”.

Sergio Villegas

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