La gobernadora Rosana Bertone presentó junto con Jorge Argüello, secretario de representación oficial para la cuestión Malvinas, el proyecto de ley cuya denominación popular será “Ley Malvinas”.
El reclamo por la soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur forma parte de un consenso popular e institucional que ha sido transversal para la historia de la República Argentina, en tanto que política de estado. En relación a esto, Argüello aseguró que “una política de Estado es aquello que forma parte de las estrategias centrales de un país, que se ocupa de los temas clave para el interés nacional. Supone muy altos niveles de consenso y no varía en la táctica ni en la estrategia” y tampoco “si cambia el color político de quien ocupa la sede del Gobierno Nacional”, pero que “esto no funciona de esta manera en nuestro país”.
Desde los “Acuerdos de Madrid”, se han ido celebrando una serie de negociaciones bajo la figura de “acuerdo ejecutivo” o “acuerdo de forma simplificada”; en palabras de Arguello: “Esto supone que el poder ejecutivo firma y el acuerdo entra en vigor automáticamente”.
Estos intercambios implican, a sola firma, que los Estados vinculantes contraen derechos y obligaciones relacionadas con, por ejemplo, la pesca, las comunicaciones, los vuelos y la explotación de hidrocarburos; todo esto, finalmente, supeditado a los deseos de quien ocupe circunstancialmente el Poder Ejecutivo nacional.
Dice Argüello: “Esto requiere necesariamente de un ámbito que genere altos niveles de consenso y eso es el Congreso de la Nación”, y vuelve a aparecer la palabra “consenso”
El proyecto de la Ley Malvinas exige que todos los convenios simplificados con respecto a las Islas sean considerados tratados internacionales. Esto no es un capricho: el Artículo N°2 de la Convención de Viena dice que “se entiende por tratado, a un acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional (…) cualquiera sea su denominación en particular”. En llanas palabras: acuerdo simplificado es igual a tratado internacional y tratado internacional debe ir al Congreso. Esto último tampoco es capricho, ya que está contemplado en el Artículo N°75 de la Constitución Nacional.
Los fundamentos que acompañan el proyecto plantean que las negociaciones encaradas por las diferentes administraciones nacionales “quiebran la posibilidad de control democrático por el Congreso y, al mismo tiempo, la posibilidad de participación de representantes de todas las provincias” y, en su Artículo N°1, que “todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes deberá contar con la aprobación del Congreso Nacional conforme al Artículo N°75, Inciso N°22 de la Constitución Nacional”. Es decir, que queden enmarcados como “acto complejo federal” y, por tanto, como tratados internacionales.
Este proyecto, cuya misión, finalmente, es establecer un marco legal para que finalice una política de años de decisiones inconsultas y se avance hacia una verdadera política de Estado participativa y federal, deja Tierra del Fuego AIAS con un amplio consenso.
En el acto estuvieron presentes diferentes actores de la política e institucionalidad provincial. Escuchando a Argüello y a Bertone había oficialismo y oposición, como el presidente del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco. Se encontraba el Poder Judicial, representado por el Dr. Gonzalo Sagastume, juez del Superior Tribunal de Justicia, y el Poder Legislativo. Tuvieron la palabra el Senador José “Nato” Ojeda y también ex combatientes. Todos, en opinión de Arguello, “estamos empezando a darnos cuenta que no puede ser que la táctica que sigue la República varíe según quién la preside”, ya que “si no hay consenso, no se avanza”.
De sancionarse la “Ley Malvinas” se abrirá un nuevo capítulo en la historia del reclamo sobre la soberana provincial y nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, derecho históricamente negado y homogéneamente reclamado.
Jorge Argüello, que cuenta con veinte años de experiencia legislativa, aseguró: “Proyecto que empieza con alto consenso en sus firmas termina aprobado también con alto consenso y, lo más importante, resulta rápidamente aprobado”.
Y si en algo hay consenso en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es en que las Malvinas son argentinas y fueguinas.
Gastón Lodos
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