Sur54.com – El Dr. Jorge Pintos, abogado de ATE en la denuncia por estafa con la operatoria de viviendas del IPV, informó sobre la ampliación de la investigación a la pareja de Arana, uno de los imputados originalmente junto con el fallecido Daniel Belbey. La mujer podría quedar imputada por el presunto delito de lavado de dinero.
“Yo no estoy dentro de la causa porque no hemos sido admitidos todavía como querellantes”, aclaró el letrado por Radio Provincia, pero aseguró que “la investigación por presunta defraudación sigue adelante. Uno de los imputados tiene que ser sobreseído a raíz de su muerte -dijo respecto de Daniel Belbey-, pero se continúa la investigación respecto de Miguel Ángel Arana y se amplió la imputación hacia su pareja. Al ampliarse la investigación, permitió a la justicia realizar procedimientos y se secuestraron maquinarias pesadas, cuatriciclos y otros vehículos. Todos estaban en poder en la pareja del imputado”, dijo.
Contó que “se había seguido la ruta del dinero para saber adónde fue, a fin de que se pueda recuperar para las personas afectadas. La justicia tomó nota de esto y se han secuestrado estas maquinarias. Sé que la pareja de Arana se había presentado a la licitación del municipio de Ushuaia ofreciendo las maquinarias”, señaló.
El monto de la estafa no se conoce y es posible que no llegue a saberse en su totalidad, por la presunta complicidad de algunos que pagaron sabiendo que no le correspondían las viviendas: “El monto queda establecido en base a la cantidad de gente que se presente y que demuestre haber sido estafada. Hasta ahora tengo conocimiento de nueve personas que se presentaron, pero es posible que haya más. Quienes pudieras haber sabido que estas viviendas eran para empleados del estado, y ellos no lo eran, y le pagaron a Arana, a Belbey o a quien fuera para saltar los controles y meterse bajo cuerda en la lista para ser adjudicatario, saben que cometieron un acto que no corresponde. Hay personas que seguramente no se presentarán porque no han sido sujetos de ‘ardid o engaño’, que es la figura penal para este caso, y ahí no hay engaño si lo sabían, y seguramente no se presentarán”, barajó.
Explicó que “este es el principal motivo por el cual no hubo denuncias antes, y el motivo que tenían los imputados que podían sentirse cubiertos ante cualquier acción, porque no había recibos y eventualmente no había pruebas. Es difícil que alguien se presentara a decir que le pagó a alguien para que lo meta bajo cuerda. Ahí está la tarea de la justicia de investigar y separar la paja del trigo”.
Aseguró que “la operatoria se estaba llevando bien ante el IPV y era imposible que pudiera acceder una persona que no fuera empleada del estado. Arana pasaba los listados porque era el encargado de hacer toda la documentación. La denuncia se hizo en el momento en que se presentaron personas a decir que habían pagado para ingresar a la operatoria y todo eso está en la justicia, que ofició para que toda la documentación le sea entregada”.
El abogado negó allanamientos al gremio. “En determinado momento se ofició a ATE para que entregue las carpetas relacionadas con la operatoria y luego vinieron peritos al gremio a decir qué documentación necesitaban, pero no fue un allanamiento”, sostuvo.
“Ante los primeros rumores, se separó a Arana y Belbey preventivamente, cuando se comprobó se hizo la denuncia, así que los controles en el gremio funcionaron”, destacó, como también que “se entregó todo de buena fe a la justicia de parte del gremio y luego llegó un perito para buscar cosas específicas, pero no bajo una orden de allanamiento”, reiteró.
Respecto de la demora para detectar este ilícito, con el tiempo transcurrido y los rumores que circulaban, señaló que “anteriormente no había ningún elemento de prueba y nadie se había presentado con algún elemento. Cuando se entregan y adjudican las viviendas a las personas que debían recibirlas, ahí los afectados se dan cuenta de que no tuvieron lo prometido, y ahí recién aparecieron. Al otro día se hizo la denuncia y yo acompañé a Carlos Córdoba a hacerla”.
“No hay ninguna duda de que hay varios que no se van a presentar, porque si sabían que estaban haciendo algo mal, es delito y han tenido algún grado de participación. Nadie va a salir a presentar una prueba que los puede perjudicar y por eso fue tan difícil llegar a la denuncia. Todos los afectados son personas que no estaban en el estado y era imposible que pudieran acceder a esta operatoria, pero hay gente que no lo sabía y no tenía idea”, dijo, planteando que hay por un lado víctimas de un engaño y también por otro, posibles cómplices de cohecho. “Esto lo deberá determinar el juzgado interviniente”, manifestó.
Advirtió que “se pueden ir desprendiendo otras maniobras delictivas con otros afectados y otro tipo de participación. Ahora se abre todo un campo de investigación en la justicia. En su momento yo mencioné el tema de lavado y es claro que, si había mucha cantidad de dinero, porque estamos hablando de millones, y no se los encontraron a los dos imputados primarios, en algún lado están. Después se conoció que había una licitación, que la pareja de Arana estuvo comprando maquinarias y vehículos, y ahí hay una maniobra de lavado de activos proveniente de un ilícito, y una persona que se dedicaba a encubrir y asegurar los bienes productos del ilícito, por eso está imputada ahora la pareja de Arana”, concluyó.
