La medida pone en marcha herramientas de alivio financiero, regularización de deudas y planes de pago para PyMEs y comercios santacruceños. Surgió tras reuniones entre el Gobierno Provincial y distintos sectores económicos que advirtieron sobre la caída de la actividad y las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.
Mientras en distintas localidades de Santa Cruz persianas bajaron y muchos comercios empezaron a trabajar al límite, cámaras empresariales, comerciantes y sectores productivos comenzaron a repetir la misma preocupación en cada reunión, cómo sostener la actividad en medio de la caída del consumo, las deudas y las dificultades para seguir funcionando.
En ese escenario, el Gobierno Provincial reglamentó la Ley N° 3996 de Emergencia Comercial, Industrial y PyME a través del Decreto Provincial N° 0453, publicado esta semana en el Boletín Oficial. La medida busca poner en marcha herramientas de alivio financiero y mecanismos de regularización para comercios, industrias y pequeñas y medianas empresas santacruceñas.
La reglamentación surgió luego de distintos encuentros entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y representantes de sectores económicos de toda la provincia, entre ellos la Federación Económica de Santa Cruz, cámaras de comercio, hoteleros, gastronómicos, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural.
En diálogo con LU85 TV Canal 9, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, explicó que la emergencia comenzó a tomar forma a partir de esos intercambios con comerciantes y empresarios que venían planteando un panorama cada vez más complejo.
“Surge a través del intercambio que fuimos manteniendo con los distintos sectores representantes de la actividad comercial”, señaló.
Regularizar para seguir funcionando
Uno de los problemas que más apareció en esas reuniones tuvo relación con los embargos y bloqueos de cuentas, situaciones que muchas veces terminaban afectando el funcionamiento cotidiano de los comercios y poniendo en riesgo puestos de trabajo.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno avanzó junto a las áreas técnicas y la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) en una reglamentación que permitiera aplicar los beneficios previstos por la ley.
La medida contempla planes de pago, mecanismos de regularización de deudas y acceso a beneficios para contribuyentes provinciales. También permitirá que comercios y PyMEs puedan gestionar certificados de libre deuda necesarios para distintas operatorias y programas.
Desde el Ministerio de la Producción indicaron que la iniciativa forma parte de una agenda impulsada por el gobernador Claudio Vidal para sostener la actividad económica y acompañar al entramado comercial y productivo de la provincia en un contexto económico que sigue golpeando fuerte a muchos sectores.
