Hace más de 10 días que en Tierra del Fuego el tema que se mantiene en primera plana es la situación del IPES Florentino Ameghino. Pero, ¿cuál es la situación?
El Instituto Provincial de Educación Superior de la ciudad de Ushuaia comenzó a ser noticia a raíz de la información que proporcionó el Ministerio de Educación al poner en funcionamiento el sistema SIGE que es el Programa Integral de Gestión Educativa.
A partir del comienzo de la carga de datos, desde la cartera educativa aseguraron que en la actualidad, el IPES de Ushuaia capacita a 514 alumnos contra 636 alumnos en Río Grande; sin embargo, utiliza 223 legajos docentes para realizar la tarea, mientras que el IPES de Río Grande utiliza sólo 196 legajos. Mientras Río Grande requiere de $4.6 millones en concepto de pago de salarios para formar a 636 alumnos, a Ushuaia se destina el doble: $7.2 millones, para 514 alumnos, se informó desde el Gobierno provincial.
El secretario de Gestión de Recursos Humanos, Martín Solá, informó que “la capacitación de un docente en Río Grande cuesta la mitad que uno en Ushuaia. Mientras en Río Grande destinamos $7.232 pesos por cada alumno, en Ushuaia nos insume $14.007 mensuales. En términos comparativos estamos pagando un precio muy superior al de una cuota mensual en las universidades privadas más caras de Capital Federal. Claramente necesitamos ordenar y saber fehacientemente qué estamos pagando con los recursos de los fueguinos. No podemos permitir que existan nichos grises en el destino de los recursos públicos porque significaría un perjuicio al erario público”.
Como era de esperarse, la respuesta desde el propio instituto no se hizo esperar y fue el propio rector del IPES, Jorge Ariel Enciso, quien aseguró “venimos trabajando desde hace dos años para que reconozcan nuestras funciones, que no es solamente la formación inicial, sino que se blanquee la cantidad de horas que necesitamos para la capacitación y las investigaciones. En 2018 nos encontramos con la implementación de un sistema de información llamado SIGE, que operativiza el pago docente. Hay horas cátedra dedicadas a la capacitación docente que estarían afectadas, porque contamos con autorizaciones de hecho pero no con las resoluciones. Al no estar los actos administrativos, esas horas no se van a liquidar, y dejaríamos de capacitar porque no habría horas para eso, ni proyectos de investigación que se llevan adelante con universidades”, planteó.
“Dicen que estamos con determinadas irregularidades. Si el sistema de liquidación se implementa sin la resolución correspondiente con los blanqueos de horas, los docentes no van a cobrar y ahí radica la movilización, porque afecta al trabajador”, explicó.
“Me quedo con muchas preguntas de qué concepto de educación superior tienen, qué quieren y si todo tiene que ir por una cuestión mercantilizada. Del presupuesto de horas de este año, nosotros ocupamos solamente un 0,6 por ciento”, precisó.
“Se sigue pensando que nosotros costamos. Si costamos, quiere decir que la educación es un gasto. Yo tenía la esperanza de seguir las conversaciones con el Ministerio de Educación y nos sorprendió la ligereza con que operaron. Cuando uno simboliza un gasto, no hay argumentos pedagógicos que se comprendan, porque nosotros somos un número a reducir. Ya estamos presupuestados en 2018 de acuerdo a la ley de presupuesto, y quisiera que a final del ejercicio dijeran dónde invirtieron lo que se ahorraron con el IPES”, concluyó.
Martín Solá volvió a señalar que “cuando analizamos la información, vemos que tenemos un docente cada tres alumnos -en Ushuaia-, y esto nos lleva a ver si existen irregularidades, que vamos a ordenar. No estamos hablando de recortes, sino de ordenar irregularidades. Esto no hace que se recorte un presupuesto, sino que se distribuya de mejor manera, y vamos a conservar la alta inversión que está realizando nuestra provincia en Educación”, garantizó.
Los números son, cuanto menos llamativos, dado que menos del 20% de los docentes del IPES concentra la mitad del presupuesto, y los cargos son distribuidos “discrecionalmente” por el rectorado, según Solá: “Tenemos el doble de gasto en Ushuaia, con 30 docentes más que en Río Grande. De los 220 docentes que tiene el IPES Ushuaia, sólo 50, que es menos del 20%, se están quedando con la mitad del presupuesto en salarios. Es una situación que exige revisar cómo se está distribuyendo el presupuesto de la institución”, subrayó.
A cuenta de todo esto y en el medio de las acusaciones cruzadas, el gobierno provincial tomó la determinación de instruir sumarios y suspender en sus funciones administrativas tanto al rector como a la vicerrectora del instituto de formación superior, aunque el ministro de Educación, Diego Romero, se encargó de aclarar que tales medidas no implicaban una intervención.
“No está intervenido, ni se ha separado a nadie del cargo. Solo se ha suspendido en sus funciones administrativas al equipo directivo. En todo lo que tenga que ver con lo institucional y pedagógico didáctico seguirán cumpliendo sus funciones y cobrando sus sueldos. La designación de docentes, altas y bajas, que son tareas propias de la administración no lo podrán realizar, pero sí todas las actividades de índole pedagógica”.
En el mismo sentido, Romero sostuvo que “el nuevo sistema (en referencia al SIGE) nos permite obtener una radiografía de lo que está pasando. No es que se realizó ninguna investigación específica. Me he reunido muchísimas veces con el rector y con los docentes y les advertí que estaban en una situación irregular, desde que asumí el Ministerio”.
“Existen faltas administrativas. Les doy un ejemplo, una materia que es cuatrimestral, la Provincia la está pagando todo el año, cuando debería tener la baja en agosto o en marzo. Es decir, se dicta una materia durante 4 meses y se paga todo el año, eso es insostenible”, añadió.
Por FM Del Sur, y tras la desmentida del ministro Romero sobre la intervención, Jorge Enciso indicó que “formalmente hemos sido notificados de la separación del cargo de manera administrativa, que abarca el equipo directivo y el consejo directivo que cogobierna, porque somos autoridades electas con la representación de todos los claustros. Por más que digan que no es una intervención, el instituto va a ser ocupado de manera administrativa por un funcionario del Ministerio de Educación. No es que soy reemplazado en mis tareas administrativas por otro personal de carrera o electivo del instituto”.
Enciso atribuyó la decisión de fondo a su participación en la gestión Ríos como funcionario. “Siempre se ha endilgado al instituto de formación docente de Ushuaia que nosotros éramos el bastión de Fabiana Ríos. Puntualmente yo he sido funcionario del anterior gobierno, estuve en la dirección de políticas socioeducativas, pero en relación a mi trabajo técnico. Si soy convocado por el color político que sea, soy convocado por mi trabajo y por mi idoneidad académica, y no por amiguismo”, se defendió.
“Desde que comenzó este gobierno, siempre se tomó en el discurso público esta situación. Yo pienso que hay una persecución, porque no solamente están haciendo un sumario administrativo, sino que quieren ir más lejos, con denuncias penales. Esto se expresa en la resolución, por lo tanto esta administración está queriendo endilgar acusaciones penales al primer rector de un instituto de formación docente”, cuestionó Enciso.
“Yo no lo puedo tomar de otra manera que no sea una persecución ideológica. Estamos en un estado democrático y yo puedo opinar distinto, sin que eso se lleve al terreno de la persecución”, dijo.
Pero la cuestión no quedó detenida solo en el cruce mediático o las medidas administrativas, ya que el Ministerio de Educación presentó finalmente una denuncia penal contra los directivos del IPES por presuntas irregularidades
En el marco del sumario administrativo aperturado, el Servicio Jurídico del Ministerio de Educación recomendó que, atento a las irregularidades detectadas, se presente una denuncia penal ante las autoridades judiciales por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.
La denuncia fue radicada por el mismo Ministro de Educación ante los Tribunales con Competencia del distrito Judicial Sur.
El ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, recogió el guante y habló respecto de toda esta situación a través de las redes sociales. Luego que el ministerio de Educación resolviera apartar de sus cargos y presentar una denuncia penal contra los directivos del Instituto Provincial de Enseñanza Superior (IPES) por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, Gorbacz afirmó desde su cuenta personal de Twitter que “iniciar una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de horas cátedra no es atacar la educación pública sino defenderla”.
“No hay ningún ajuste: como sucedió en la defraudación con los planes Red Sol, cualquier recurso que se recupere de manejos inadecuados será aplicado para mejorar el propio sistema educativo”, agregó el funcionario.
Y remarcó que “este no es un problema gremial ni político sino legal. Frente a la presunción de que existan hechos de corrupción tenemos obligación de actuar”.
“El IPES no fue intervenido. Los directivos no han sido desplazados de sus cargos. Sólo se han limitado sus funciones administrativas hasta que una auditoría pueda aclarar la situación. Hemos iniciado un sumario administrativo y presentado una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la administración de recursos”, finalizó Gorbacz.
El actor que faltaba no tardó en llegar y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se manifiestó “enérgicamente repudiando la autoritaria intervención del Gobierno de la Provincia en el IPES Florentino Ameghino de la ciudad de Ushuaia. Se suman a este repudio y se solidarizan también con los docentes del IPESFA, organizaciones a nivel nacional como la CTERA, varios sindicatos de la provincia como SIPROSA (Profesionales de la Salud), SOEM (municipales) y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego , entre otras…”, reza el comunicado.
Para el sindicato docente, “el Gobierno se ha encargado no solo de separar del cargo al equipo directivo (Rector, Vicerectora, Secretaria y Prosecretarias), sino también de difamarlos mediante una operación mediática. Pero aún fueron más a fondo y el propio Ministro Diego Romero realizó una denuncia penal contra el equipo directivo, convirtiéndose en el Ministro de Educación más autoritario y perseguidor de trabajadores de la historia de la Provincia. Aunque los medios de comunicación, el mismo Ministro y el Gobierno niegan la intervención y hablan de una ‘auditoría’, lo real y concreto es que desplazaron al equipo directivo y en su lugar pusieron a un funcionario político del Ministerio de Educación para la administración del Instituto. Esto se llama ‘intervención’ aunque no lo quieran admitir”.
La Asamblea de docentes del IPES ha definido mantener al Consejo Directivo en sesión extraordinaria, realizar un paro de 24 horas con clases abiertas en diferentes horarios frente al Edificio Escolar. Básicamente, reclaman que:
- El IPES siga manteniendo las tres funciones (Capacitación y Extensión, Investigación y Formación Inicial);
- El mantenimiento del funcionamiento democrático del IPES a través del cogobierno del Consejo Directivo;
- La restitución del equipo directivo electo democráticamente en el Instituto.
Lo cierto es que, a primera vista, el conflicto está lejos de resolverse y ahora, además, deberá actuar la justicia y dictaminar qué pasa luego de la investigación que tendrá que llevar a cabo obligatoriamente. Mientras tanto, el fuego cruzado aparenta no cesar.
María Fernanda Rossi
