La frontera agropecuaria y ganadera avanza a grandes pasos, ganándole terreno a los ambientes naturales de nuestro país. A diez años de la sanción de la Ley de Bosques, estos continúan disminuyendo su superficie a un ritmo alarmante
En la última década nuestro país ha perdido alrededor de 750.000 hectáreas de bosque y nada parece frenar la avanzada de las actividades agrícola-ganaderas, que día a día se expande sin encontrar mayor resistencia, a pesar de encontrarse en vigencia la legislación que debería proteger a los bosques. Esta cifra es alarmante si tenemos en cuenta la consecuencia negativas que tiene la perdida de bosques para la vida natural y para las actividades económicas de las que dependen miles y miles de personas en Argentina. La vulnerabilidad de los ambientes naturales de nuestro país es evidente y demuestra que los intereses económicos de poderosos grupos inclinan la balanza a su favor en contra de la protección de los recursos naturales. La selva chaqueña es actualmente unos de los ambientes donde esta problemática es más aguda. “La región chaqueña está conformada por las cuatro provincias con mayor cantidad de bosques (Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco) y son las que todavía tienen tierras con mayor aptitud agrícola o ganadera. Se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo que genera una presión sobre esos ambientes”, dice Diego Moreno, Secretario de política ambiental del Ministerio de Ambiente. “Son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria”, explica. La situación es de conocimiento del Gobierno pero parece ser muy poco lo que se hace para revertirla.
Los ambientes naturales de nuestro país han sido históricamente relegados en los intereses políticos de los gobiernos de turno. La prioridad siempre han sido las grandes actividades productivas como la agricultura, la ganadería o la minería y esto se evidencia en el estado ambiental actual de nuestro país, donde los bosques retroceden a pasos agigantados. La de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o Ley de Bosque Nativo, es una norma que regula el uso de los Bosques Nativos, dirigida a promover la gestión forestal. Sancionada hace casi una década, se supone que esta Ley es la herramienta que debe garantizar la efectiva protección de los bosques, pero en la práctica sus resultados no son evidentes. Al día de hoy se destina apenas el 6% del presupuesto que exige la ley, y que algunas provincias desconocen de plano.
Sumado a la falta de presupuesto, debido a que la aplicación de la Ley de Bosques corresponde a cada provincia, que debe realizar su propio ordenamiento territorial y sancionar sus normas, sucede que muchas provincias tiene leyes que no brindan la protección pretendida, dando vía libre a desmontes sin control. “Muchos gobiernos provinciales sacaron leyes inferiores a la ley nacional para permitir los desmontes. Es una forma de legalizar la ilegalidad”, explica Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace. “Hay provincias que funcionan muy bien y otras con las que tenemos una relación más compleja. Hay casos como el de Salta que, por medio de decretos, ordenó la re categorización de predios y el ministerio considera que son contrarias a la Ley de bosques. Estamos conversando para resolverlo”, asume Moreno.
La situación actual de los bosques de argentina es crítica. Argentina figura entre los diez países con mayor tasa de deforestación del mundo. Si bien es cierto que desde la sanción de la ley de bosques el desmonte ha disminuido, las cifras siguen siendo muy elevadas, lo que demuestra que la modalidad de protección no es efectiva. Los efectos negativos de la perdida de los bosques está a la vista, manifestándose en inundaciones, sequias y desertificación. Estamos condenando el futuro de la vida y las actividades productivas de nuestro país si no damos el debate urgente y necesario para decidir qué futuro queremos para nuestros ambientes naturales.
Abel Sberna
