En la misma sesión que golpeó la reforma constitucional impulsada por Melella, la Legislatura aprobó la Ley de Goteo, un sistema de transferencia automática y diaria de fondos a los municipios. Para el Gobierno provincial, se trata de una maniobra política de alto impacto financiero; desde Ushuaia lo rechazan: “No hay ninguna intención destituyente”, afirmó Sebastián Iriarte.
La crisis política en Tierra del Fuego volvió a quedar expuesta durante la segunda sesión ordinaria de la Legislatura fueguina, cuando fue aprobada la denominada Ley de Goteo Diario. La norma obliga a transferir de manera automática y diaria a los municipios los fondos que les corresponden por coparticipación provincial.
En términos administrativos, la ley establece que los recursos correspondientes a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin deberán ser liquidados diariamente a través del Banco de Tierra del Fuego. El esquema incluye fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales coparticipables. Además, fija mora automática ante demoras, intereses y multas personales diarias para funcionarios responsables en caso de incumplimiento. La norma comenzaría a regir a los 30 días de su promulgación.
Pero el debate excede largamente lo técnico. La aprobación del goteo quedó atravesada por una disputa mucho más profunda: la pelea por el control de los recursos provinciales, el vínculo entre el Gobierno y los municipios, y la fractura política entre Melella, FORJA y sectores del peronismo fueguino.
La sesión legislativa dejó una foto contundente. Por un lado, la Legislatura avanzó contra la reforma constitucional que impulsaba el Ejecutivo. Por otro, aprobó una herramienta que limita la discrecionalidad de la Provincia sobre el envío de fondos a los municipios. Para el Gobierno provincial, ambas decisiones forman parte de una ofensiva política que fue leída como una maniobra “destituyente”. En medios nacionales, incluso, se informó que el episodio terminó de romper la alianza entre Melella y el kirchnerismo, con impacto también en el Congreso nacional.
Desde el Ejecutivo sostienen que el goteo diario puede afectar el funcionamiento financiero de la Provincia, al obligar a transferencias automáticas en un contexto de caída de ingresos, presión sobre las cuentas públicas y mayores demandas de gasto.
Del otro lado, desde la Municipalidad de Ushuaia rechazaron de plano la acusación de desestabilización. El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, sostuvo que la ley “es algo que veníamos impulsando como debate político” y recordó que sigue abierta la vía judicial para reclamar “los más de 11 mil millones de pesos de coparticipación que todavía nos deben”.
El funcionario fue más allá y contestó directamente al gobernador. “Acá no hay ninguna intención destituyente”, planteó. Y agregó: “No es destituyente algo que plantea que el Gobierno provincial se maneje solo con los recursos que le corresponden”.
Iriarte sostuvo que, “en términos políticos”, el gobernador “se está quedando muy solo” y que toma decisiones “en soledad, con muy pocos aliados”. Esa soledad, concluyó, quedó plasmada en el resultado legislativo.
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