El gobernador Gustavo Melella firmó el decreto para convocar a elecciones de convencionales constituyentes el 9 de agosto. La decisión acelera un proceso atravesado por cuestionamientos políticos, judiciales y de oportunidad: una reforma pensada más alrededor del diseño del poder que de las urgencias cotidianas de la ciudadanía fueguina.
Por Luz Scarpati
El gobernador Gustavo Melella confirmó que firmó el decreto para convocar a elecciones de convencionales constituyentes en Tierra del Fuego. La fecha elegida es el 9 de agosto, según informó el propio mandatario en redes sociales, donde sostuvo que “cada fueguino y fueguina va a poder elegir quiénes van a escribir la constitución que nos merecemos”. En el mismo hilo, el Gobernador defendió la reforma como una herramienta para construir una provincia “donde los derechos no sean promesas” y planteó que “el futuro empieza el 9 de agosto”.
La convocatoria no aparece en un escenario neutro. Llega después de más de dos años de discusiones alrededor de la Ley Provincial 1529, sancionada el 13 de diciembre de 2023 y promulgada el 29 de diciembre de ese mismo año, que declaró necesaria la reforma parcial de la Constitución fueguina. Esa norma habilitó cambios sobre una gran cantidad de artículos y estableció que el Ejecutivo debía convocar a elecciones de convencionales dentro de un plazo de 210 días.
Desde entonces, el proceso quedó atravesado por una pregunta que nunca terminó de despejarse del debate público: ¿Tierra del Fuego está discutiendo una reforma constitucional para ampliar derechos y mejorar la vida democrática, o está discutiendo una arquitectura institucional diseñada alrededor de quién ejerce el poder? La agenda oficial habla de modernizar el Estado, eliminar cargos vitalicios y fortalecer la institucionalidad. Pero buena parte de la discusión pública quedó reducida a otro eje: si la reforma puede o no abrir la puerta a un nuevo mandato de Melella.
Ese es uno de los problemas políticos centrales del proceso. Una reforma constitucional debería convocar a la ciudadanía a pensar qué provincia quiere para las próximas décadas. Sin embargo, en Tierra del Fuego la discusión aparece encerrada en temas de poder: mandatos, organismos de control, diseño institucional, Fiscalía de Estado, límites del Ejecutivo, composición de órganos y reglas del sistema político. Es decir, una reforma más pensada para las instituciones que para la vida concreta de quienes habitan la provincia.
La distancia entre esa agenda y las preocupaciones sociales es evidente. La convocatoria se produce en un contexto económico adverso, con pérdida de empleo industrial, discusión por fondos públicos, conflicto educativo, reclamos gremiales y una ciudadanía mucho más preocupada por llegar a fin de mes que por el cargo vitalicio del fiscal de Estado.
La reforma, además, nació con una marca política difícil de borrar. La Ley 1529 fue sancionada en diciembre de 2023 por una Legislatura que tenía mandato constitucional vigente, es cierto, pero que estaba a días de cambiar su composición. Ese dato alimentó una de las críticas más fuertes de la oposición: la norma fue aprobada en el tramo final de una conformación parlamentaria que ya no expresaría la nueva relación de fuerzas surgida de las urnas. Dicho en términos políticos: era probablemente la última oportunidad que tenía Melella para conseguir una ley de reforma.
La judicialización del proceso fue inmediata, ya que legisladores de la oposición lo impugnaron ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Es relevante señalar la ironía de la situación: la ampliación de la corte fueguina, impulsada por el propio Melella, había facilitado el ingreso de Ernesto “Nené” Löffler al STJ, con apoyo tanto del oficialismo provincial como del Partido Justicialista. Hoy, sin embargo, Löffler es un firme opositor a la reforma constitucional que intenta promover Gustavo Melella.
En agosto de 2024, el STJ primero suspendió la elección, pero luego rechazó los planteos y habilitó la convocatoria, otorgando al Ejecutivo un nuevo plazo para fijar fecha. Más adelante, en agosto de 2025, el tribunal ratificó la validez del proceso. Contra esa decisión, el legislador Jorge Lechman presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no tiene resolución definitiva.
La convocatoria firmada por Melella también se cruza con un movimiento legislativo en sentido contrario. Esta semana, en comisión se discutió el proyecto impulsado por Jorge Lechman para derogar la Ley 1529. La discusión giró entre derogar o suspender la norma: Villegas, Lapadula y Von Der Thusen se manifestaron a favor de derogarla; Vuoto y Pino acompañaron la idea de frenar el proceso, aunque plantearon la alternativa de suspender; y en cuanto al bloque libertario Gracianía acompañó el dictamen a favor de derogar la ley.
La firma del decreto, entonces, no cierra el conflicto: lo intensifica. Si la Legislatura aprueba, en la sesión de mañana, la derogación de la Ley 1529 después de que el Ejecutivo ya convocó a elecciones, se abre una zona de choque institucional. ¿Sigue siendo válido el llamado? ¿La derogación afecta el acto administrativo ya dictado? ¿El Ejecutivo puede sostener que actuó con una ley vigente al momento de firmar? ¿La oposición puede judicializar la convocatoria por pérdida de sustento legal? No hay una respuesta política pacífica. Lo más probable es que, si la Legislatura avanza con la derogación, el conflicto vuelva a los tribunales.
La comparación histórica vuelve todavía más incómoda la escena actual. La Constitución fueguina también nació rodeada de debates intensos. No fue un proceso sin tensiones. Hubo discusiones sobre el modelo de provincia, sobre si Tierra del Fuego debía ser una provincia grande o una provincia chica, sobre el alcance de sus instituciones y sobre la forma de organizar el nuevo Estado. Pero aquellos debates, con todas sus diferencias, parecían convocar participación pública, no espantarla.
El documental de El Rompehielos, “El destino de Elena”, captura una escena que sirve hoy como un notable contraste histórico: durante el proceso constituyente, en un gimnasio abarrotado, se escucha el grito de “El pueblo quiere jurarla”. Elena Rubio de Mingorance, rápida de reflejos, responde a esta demanda tomando juramento al público presente. La respuesta colectiva, un “sí, juro” contundente, quedó como una imagen conmovedora de otra relación entre ciudadanía, política e instituciones.
Resulta difícil imaginar una escena similar hoy. No porque la Constitución haya perdido importancia, sino porque la política parece haber perdido capacidad de construir épica pública alrededor de sus debates más profundos. La reforma actual no aparece, al menos hasta ahora, como una conversación colectiva sobre el futuro de Tierra del Fuego, sino como una disputa cerrada entre oficialismo, oposición, tribunales y cálculos electorales.
Melella busca presentar la convocatoria como el inicio de una etapa participativa. Pero el proceso llega cargado de sospechas, costos políticos y una pregunta: ¿La reforma es realmente una herramienta para mejorar la vida institucional de la provincia o si es, ante todo, una jugada para reordenar el poder? Esa duda es el verdadero punto de partida de la elección del 9 de agosto.
