La filtración revelada por Reuters sobre un memo interno del Pentágono volvió a mover el tablero de Malvinas. Pero en Tierra del Fuego el impacto no se agota en Washington: la discusión también roza la Base Naval Integrada, la intervención del puerto de Ushuaia y la pelea por quién define la estrategia sobre el Atlántico Sur.
La novedad que reactivó las especulaciones llegó desde Estados Unidos. Según publicó Reuters el 24 de abril, un correo interno preparado por Elbridge Colby, principal asesor político del Pentágono, puso sobre la mesa distintas opciones para castigar a aliados de la OTAN que no acompañaron la ofensiva norteamericana contra Irán. Entre esas variantes apareció una especialmente sensible para la Argentina: reconsiderar el respaldo diplomático de Estados Unidos a posesiones imperiales europeas de larga data, como las Islas Malvinas. La sola mención alcanzó para que Londres saliera a ratificar que su posición sobre la soberanía “no ha cambiado”.
En Tierra del Fuego, donde Malvinas no es un tema externo sino una dimensión central de la política provincial, la noticia repercutió de inmediato. Como publicamos ayer en El Rompehielos, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, dijo que “Argentina no puede condicionar su política exterior, y especialmente la cuestión de las Islas Malvinas, en función de la adhesión o no de los Estados Unidos. Tenemos que tener una política autónoma”. La definición no niega que pueda abrirse una oportunidad, pero advierte que sería ingenuo creer que la causa Malvinas puede depender del humor de la Casa Blanca.
La coincidencia temporal con otro hecho reforzó la sensación de que algo se estaba moviendo. En paralelo al revuelo diplomático, el portaaviones nuclear USS Nimitz llegó al Atlántico Sur para participar de maniobras combinadas con la Armada Argentina. Según informó el Ministerio de Defensa, el destructor ARA “La Argentina” se sumó al ejercicio el 28 de abril, y al día siguiente lo hicieron también el ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Gaceta Marinera, portal oficial de la Armada, encuadró el despliegue como parte de un ejercicio de cooperación y adiestramiento junto al Nimitz y al destructor USS Gridley.
Según planteó Gamera en una pastilla presentada por Luz Scarpati, ese doble movimiento —el memo filtrado en Washington y el despliegue naval en el Mar Argentino— alimentó lecturas apresuradas. Pero si algo deja claro el cuadro actual es que la cuestión Malvinas no se juega solo en una frase de Trump o en una filtración del Pentágono. También se disputa en el terreno, en la infraestructura y en la orientación geopolítica que adopte Ushuaia. En otras palabras: más que una señal de salvación externa, el episodio vuelve a mostrar hasta qué punto la provincia quedó en el centro de una pulseada estratégica mayor.
En ese mapa aparece otra pieza clave: la Base Naval Integrada de Ushuaia. Infobae publicó este fin de semana que, para sectores del Gobierno nacional, el proyecto volvió a acelerarse y cuenta con apoyo transversal dentro del aparato político estadounidense. “Va a avanzar. Estuvo parada porque los estadounidenses tuvieron idas y vueltas”, dijo una fuente gubernamental a ese medio. La base es presentada como un nodo logístico vinculado al Atlántico Sur y a la Antártida, pero su reactivación también se lee en clave de alineamientos internacionales, en un momento en que Washington observa con creciente atención todo lo que ocurre en el extremo austral.
Esa mirada se cruza con otra realidad: mientras el Gobierno nacional busca reforzar su sociedad estratégica con Estados Unidos en Ushuaia, Gustavo Melella mantiene abierta una agenda propia con China. En marzo, el gobernador recorrió junto al embajador Wang Wei la obra de la nueva usina de Ushuaia, construida a partir de un convenio entre Terra Ignis y una firma de capitales chinos. La visita oficial también incluyó reuniones para explorar nuevas inversiones. Es decir: en la provincia más austral conviven, al mismo tiempo, el interés norteamericano por la base y la voluntad provincial de sostener vínculos con capitales chinos en energía e infraestructura.
El tercer frente es el puerto de Ushuaia, otro activo estratégico atravesado por la disputa de poder. Como publicamos la semana pasada en El Rompehielos, una certificación de Prefectura complicó el argumento de Nación al acreditar que la terminal opera con un Plan de Protección aprobado, pese a que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación había justificado la intervención con observaciones sobre la operatoria y la seguridad. La intervención, lejos de cerrar el conflicto, volvió más visible la pelea política e institucional alrededor del principal nodo logístico fueguino.
En ese contexto, Agenda Malvinas sumó otro elemento de tensión. Según publicó ese portal, durante una reunión reservada en la Legislatura fueguina el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, contradijo al titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, y sostuvo que en diciembre le había recomendado presentar una cautelar urgente para frenar la intervención. La versión, atribuida por este medio a legisladores presentes en ese encuentro, profundiza la idea de que el conflicto por el puerto no fue solo un avance de Nación, sino también el resultado de falencias, omisiones y descoordinaciones dentro del propio oficialismo provincial.
Todo este episodio expone aún algo más incómodo: la soberanía no se define únicamente en los comunicados diplomáticos, sino también en la capacidad de ordenar una estrategia propia sobre los activos concretos del sur. La base, el puerto, la relación con las potencias y el margen de autonomía provincial forman parte de un mismo rompecabezas.
Con información de Gamera
