El único imputado en el banquillo de los acusados es Ricardo La Regina, dueño de un campo lindero a la reserva. Está siendo juzgado por daño ambiental y maltrato animal.

El lunes 28 de octubre dio inicio al juicio oral y público por la masacre de pingüinos en Punta Tombo, ocurrida entre agosto y diciembre de 2021, cuando Ricardo La Regina utilizó una retroexcavadora y aplastó nidos de pingüinos. Por estos días, está siendo juzgado por daño ambiental y crueldad animal en la ciudad de Rawson.

Se trata de la primera vez que un caso de daño ambiental agravado llega a esta instancia judicial. Ricardo La Regina está acusado de abrir un camino en su campo que terminó con la muerte de un gran número de pingüinos en plena época de cría y reproducción.

Este jueves, y tras seis jornadas con la presentación de testigos y alegatos, el tribunal integrado por los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini deberá decidir este jueves si encuentra culpable o no al empresario ganadero Ricardo La Regina.

La Regina está acusado de haber utilizado una retroexcavadora para abrir un camino desde su estancia Punta Clara, lindera con el área protegida y pingüinera Punta Tombo, hacia el mar y de haber desmontado flora para poner un alambre electrificado. En el proceso aplastó nidos de pingüino y afectó la fauna del lugar.

Fue denunciado por su tío, Alberto, que tiene la concesión de la confitería de Punta Tombo y que fue uno de los primeros guarda fauna del lugar. Su padre, Luis, donó las tierras para crear la pingüinera.

El abogado defensor Federico Ruffa ofreció que La Regina done 500 hectáreas en compensación de los daños ocurridos y así evitar el juicio; sin embargo, el pedido fue rechazado.

La acusación está a cargo de la fiscal general jefe de Rawson, Florencia Gómez y la causa cuenta con varios querellantes, entre ellos la Asociación de Abogados Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina. Se especula con que se podría pedir una condena de entre 4 y 12 años de prisión, en un procedimiento histórico para la justicia ambiental.

Fuente: ADNSUR 


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