Tripulantes del buque fresquero Nddanddu denunciaron que desecharon toneladas de merluza para llenar la bodega solo con calamar, en una operatoria que expuso prácticas de descarte y pesca destructiva. Desde una organización ambiental advirtieron que el caso vuelve a poner en foco el arrastre de fondo y el uso de dispositivos prohibidos. “Deben ser investigadas y sancionadas con todo el peso de la ley”, aseguran.
Redes ilegales, toneladas de comida a la basura y 3.000 cajones descartados, el impacto de la depredación pesquera en la Patagonia.
La impunidad en las aguas patagónicas volvió a quedar expuesta tras un artículo publicado por Revista Puerto, a partir del relato de tripulantes del buque fresquero Nddanddu. Según la denuncia, los marineros se vieron obligados a desechar toneladas de pescado para cumplir con una directiva empresarial que exigía llenar la bodega exclusivamente con calamar, con un impacto ambiental gravísimo.
José Rodríguez, primer pescador de la embarcación, rompió el silencio ante lo que consideró una verdadera matanza comercial. El trabajador relató a Revista Puerto cómo la tripulación pasó jornadas enteras devolviendo al océano miles de ejemplares sin vida. Según el artículo, el nivel de depredación alcanzó cifras alarmantes cuando se tiraron más de tres mil cajones de merluza al agua con el único fin de juntar apenas ochenta cajones de calamar.
Frente a este escenario, el coordinador en Chubut de la Fundación Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, advirtió que lo ocurrido con el buque Nddanddu no es un hecho aislado sino la expresión más cruda del método de arrastre de fondo, un sistema que naturaliza el descarte y la depredación. El referente ambiental remarcó que se trata de un daño ecológico “generado por decisiones empresariales que priorizan la rentabilidad inmediata por sobre la sostenibilidad del Mar Argentino” y exigió que este tipo de prácticas “deben ser investigadas y sancionadas con todo el peso de la ley”.
Una faena irracional al límite del colapso
El desastre ecológico estuvo acompañado de una logística deficiente que puso en riesgo incluso la escasa captura retenida. La embarcación perdió rápidamente la capacidad de generar hielo, un insumo vital para mantener la cadena de frío del pescado fresco.
A pesar de esa carencia estructural y del riesgo de pudrición de la carga, las autoridades a bordo continuaron con los lances bajo la fuerte presión de los armadores. Rodríguez aseguró que hacían unos cuatro lances de trescientos cajones por día y tiraban todo al mar, generando un volumen inmenso de alimento desperdiciado.
Al llegar al límite físico y moral de arrojar comida en perfecto estado por la borda, los trabajadores decidieron plantarse y exigieron regresar a puerto. La primera reacción de la empresa fue la intimidación con amenazas de desembarcarlos de oficio para no pagarles la marea.
La maniobra extorsiva fracasó de inmediato porque los marineros habían registrado todo el descarte en video con sus propios teléfonos celulares, blindando así su reclamo y documentando el ilícito.
La trampa mortal que aniquila a los juveniles
El descarte indiscriminado representa solo una fracción de la infracción, ya que el método utilizado para capturar la especie agrava severamente el delito. El propio primer pescador admitió que la red de arrastre tenía colocado un calcetín en su interior.
Esta malla interna más cerrada funciona como una trampa ciega que anula por completo la luz de la red principal y bloquea cualquier vía de escape para los peces de menor tamaño.
El uso de este aditamento viola de forma flagrante las regulaciones del Consejo Federal Pesquero y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Históricamente, normativas vigentes como la Resolución CFP N° 8/2010 establecen el uso obligatorio de dispositivos de selectividad comprobados científicamente.
Las empresas deben utilizar sistemas como el DEJUPA o las grillas Flexigrid, diseñados para respetar una luz de malla mínima de 120 milímetros en el copo. El objetivo legal es que la merluza juvenil logre salir de la red y continuar su ciclo de desarrollo en el mar.
Al respecto, Coustet señaló que la utilización de dispositivos prohibidos para impedir el escape de juveniles constituye una infracción grave que compromete la recuperación de las especies y pone en riesgo el equilibrio del Atlántico Sur. El coordinador de Sin Azul No Hay Verde advirtió además que si el Estado no garantiza controles efectivos en alta mar, estas maniobras seguirán ocurriendo en la más absoluta impunidad.
El costo de un modelo sin fiscalización
Al colocar un calcetín de malla fina, el buque arrasa con todo el fondo marino y captura individuos pre-reproductivos, interrumpiendo el ciclo biológico de la especie. Pescar juveniles bajo estas modalidades furtivas constituye un daño irreparable para el ecosistema y aniquila la biomasa futura del caladero bajo la mirada ausente de los entes fiscalizadores.
El caso del Nddanddu es presentado como un síntoma de un modelo extractivo que prioriza el rendimiento económico inmediato sobre la conservación marina. La decisión de la tripulación de frenar la operatoria volvió a abrir el debate sobre la urgencia de aplicar medidas concretas y transparentes.
Para frenar esta sangría ecológica es fundamental avanzar con “auditorías inmediatas, monitoreo satelital transparente y la aplicación estricta de las resoluciones vigentes”, tal como concluyó el representante de la organización ambiental. Las normativas y los estudios técnicos sobran, pero a millas de la costa la trampa sigue dictando las reglas del juego.
