El controversial proyecto que pretendía construir una autovía en la zona de Punilla, en la provincia de Córdoba, afectando al bosque nativo de la región, finalmente cambiaría su traza a causa de la presión social.
La participación popular en los temas que conciernen a los intereses comunes como el patrimonio ambiental debería ser algo cotidiano y normal dentro de los procesos de tomas de decisión. Sin embargo esa no es la realidad en nuestro país. Cuando un gobierno toma una decisión política para ejecutar una obra, solo debe cumplir con ciertos requisitos legales para ejecutarla, sin importar que un sector de la sociedad no esté de acuerdo. Es una historia común en nuestro país y constantemente oímos noticias sobre sectores de la sociedad que reclaman y se manifiestan en contra de la construcción de represas, rutas, urbanizaciones etc. Y es que muchas veces sucede que el costo patrimonial de esas obras sobrepasa, desde la perspectiva de la sociedad, los beneficios que su ejecución podría significar. Este es el caso de la Autovía de Punilla, proyecto del gobierno de Córdoba que, con la excusa de aliviar el tráfico que circula por la ruta nacional 38, entre Carlos Paz y La Falda, con más de 9.000 vehículos que transitan diariamente, pretende construir una ruta en el faldeo de las montañas, obra que requiere efectuar voladuras en el cordón de Sierras Chicas, afecta en más del 76% de su traza a sectores de bosque nativo de máxima importancia para la conservación y atraviesa un yacimiento de uranio.
Sin embargo, la presión popular parece haber rendido sus frutos. En las últimas horas se conoció la noticia del que el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, habría ordenado que se descartara la traza hasta ahora propuesta y se evaluaran nuevas opciones. Según declaraciones de Jorge Álves, titular de caminos de las Sierras, recibieron “instrucciones del gobernador de evaluar nuevas alternativas para ir por el oeste de la actual ruta 38”. Y es que desde sus orígenes ésta obra ha generado un fuerte rechazo de parte de pobladores de la zona, asambleas ambientales e instituciones científicas quienes argumentan que el proyecto conlleva un costo ambiental altísimo provocando el deterioro del entorno natural de la región, en un contexto ambiental en la cual el avance de la frontera agropecuaria y los incendios forestales han reducido casi en su totalidad la superficie de ambientes nativos como bosques y pastizales. El impacto socioambiental de la traza de la autovía fue señalado en una audiencia pública con participación récord para la provincia. También prestigiosas instituciones científicas manifestaron su oposición e incluso el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba solicitó al gobierno que evaluara otras posibilidades para la construcción de la ruta. Recientemente, en un giro inesperado por las autoridades provinciales, la comuna de San Roque revocó, por iniciativa popular en asamblea extraordinaria, el permiso para el paso de la ruta. Esto fue posible gracias a una facultad que otorga la legislación de la provincia de Córdoba, la cual estipula que las decisiones que toman en este tipo de actos institucionales tienen la fuerza equivalente a una ordenanza en un municipio.
El rechazo generalizado al proyecto parece haber influido en la decisión del gobernador de evaluar nuevamente la traza de la ruta. Ahora se esperan novedades de cuál sería el nuevo trayecto de la autovía, el cual requerirá de un nuevo estudio de impacto ambiental y de una nueva convocatoria a audiencia pública.
Abel Sberna
