La Provincia pondrá en marcha un nuevo régimen para distribuir la cuota de merluza común. El objetivo es que el recurso genere más empleo, inversión y procesamiento en Santa Cruz, bajo reglas que premien la actividad productiva y no solo la capacidad de captura.
La pesca mueve buena parte de la economía de las localidades costeras de Santa Cruz. Pero detrás de cada descarga hay una pregunta que atraviesa al sector desde hace años: cuánto de esa riqueza queda realmente en la provincia.
Con esa discusión de fondo, el Gobierno Provincial avanza en la implementación de un nuevo Régimen de Cuotificación de Merluza Común, una herramienta que definirá cómo se distribuye la parte del recurso pesquero que le corresponde a Santa Cruz.
La propuesta reemplaza el esquema vigente por un sistema basado en criterios técnicos y productivos. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta para asignar las cuotas figuran el empleo registrado, el procesamiento de pescado en plantas provinciales, las inversiones realizadas, la capacidad industrial instalada y el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y pesqueras.
Más que una cuota, una herramienta de planificación
La masa cuotificable provincial surge del porcentaje de Captura Máxima Permisible asignado a Santa Cruz por el Consejo Federal Pesquero. Del total disponible, el 90% se distribuirá mediante este régimen y el 10% quedará como reserva administrativa para atender necesidades estratégicas de la actividad.
La ministra de la Producción, Nadia Ricci, sostuvo que el cambio implica un reordenamiento profundo de la administración del recurso. Según explicó, el nuevo sistema busca dar prioridad a las empresas que generan empleo, procesan en la provincia e invierten en el desarrollo de la actividad.
En la misma línea, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, destacó que la cuotificación aporta previsibilidad y permite planificar a largo plazo una actividad que depende tanto de las decisiones empresariales como de la disponibilidad del recurso.
Del mar a la planta
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será la trazabilidad obligatoria. Esto permitirá seguir el recorrido de cada tonelada de merluza desde la captura hasta su procesamiento y destino final, incorporando mayores controles sobre toda la cadena productiva.
Además, las cuotas tendrán una vigencia de diez años, con revisiones técnicas anuales. La Provincia remarcó que estas autorizaciones no generan derechos de propiedad sobre el recurso ni podrán ser transferidas o comercializadas, ya que la administración de la merluza continuará bajo control estatal.
El objetivo final, según plantean desde el Gobierno, es que una mayor proporción del pescado que se captura en aguas santacruceñas sea procesado en Santa Cruz, generando empleo, movimiento económico y valor agregado en las comunidades costeras donde la pesca sigue siendo una actividad central.
