OPINIÓN · INDUSTRIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
A propósito de la sucesión de actos del Gobierno provincial entre el 11 y el 18 de junio —convenio con SENASA, cartas con Wanchese Cooke, PIGSA, Uvas del Valle y Bentónicos— un ingeniero pesquero y docente de la UTN propone leer la secuencia en conjunto y advierte sobre un patrón que solo aparece cuando se la mira completa.
Por Ariel L. Giamportone
Ingeniero Pesquero — Científico de datos e IA · Docente-investigador UTN FRTDF · Fundador de Pesqueros en IA
Estuve leyendo las tres notas que circularon esta semana sobre el «polo acuícola austral» y quiero compartir algo que me viene dando vueltas, más como pregunta que como conclusión. Si uno las lee por separado, cada una se sostiene. Pero leídas juntas aparece un patrón que solo se ve en conjunto, y me parece que como ingenieros y técnicos del sector estamos en condiciones —y casi obligados— de mirarlo con otra lupa.
Lo primero que me llamó la atención fue el actor del 17 de junio. «Wanchese Cooke» es Wanchese Argentina S.R.L., subsidiaria de Cooke Inc.: la mayor pesquera privada del mundo, sexto productor mundial de salmón atlántico, con un historial sancionatorio documentado en Chile (SMA, USD 1,4 millones por el caso Huillines), Washington (USD 332.000 más el colapso de Cypress Island en 2017, con 250.000 salmones escapados) y una demanda activa en Maine bajo la Clean Water Act. La palabra «salmón» no aparece en ninguna de las tres notas. Que una salmonera global de ese porte mire Tierra del Fuego seis meses después de la sanción de la Ley 1601 tampoco aparece explicado.
Después me puse a buscar las cifras y no las encontré. Ninguna nota declara toneladas proyectadas. Hablan de empleo —«genera empleo, desarrollo, red de proveedores»— pero sin meta de producción. Y cuando uno cruza con los ratios reales del sector (Noruega 6,4 empleos por kilotonelada, Chile 18, Escocia 7,1), los empleos prometidos exigen volúmenes que nunca se nombran. Para dimensionar: la producción acuícola fueguina en 2024 fue de 22,5 toneladas. Sostener 4.500 puestos directos al ratio chileno —el más favorable del benchmark internacional— requeriría producir alrededor de 50.000 toneladas anuales. Ese número no figura en ningún documento público.
Hay un detalle de secuencia que tampoco es menor. Convenio Provincia/SENASA el 11 de junio, más de $47.000 millones del FAMP ya comprometidos a dos proyectos acuícolas, y recién después aparecen las cartas. El Estado construye la infraestructura primero, el privado evalúa después. Sanitaria, financiamiento, certificación: todo provisto antes de que haya un proyecto formalmente presentado.
Pero el punto que me parece más fuerte es otro, y es el que quiero discutir.
Nosotros sabemos cómo funciona la pesca fueguina desde hace cuatro décadas. Ushuaia es históricamente el cuarto puerto pesquero del país; el complejo que efectivamente se descarga acá es polaca, merluza de cola y merluza negra —el langostino casi no toca puertos fueguinos, opera en Rawson, Madryn, Deseado y Mar del Plata—. El modelo es de buque-factoría: flota surimera y palangrera que procesa a bordo y exporta directo, con un porcentaje de pescado fresco que en su momento se midió en 0,5 % del total descargado en Ushuaia, el más bajo del país. El empleo pesquero en planta dentro de la provincia es, en términos estadísticos, indiscriminable.
Sobre ese fondo, la Resolución CFP N° 7/2026, adoptada el 12 de junio —el día siguiente al convenio con SENASA—, elevó al 50 % el cap de cola de langostino procesada a bordo. La pesquería del langostino se descarga en Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires, no en Tierra del Fuego, pero la lógica institucional importa: la misma autoridad pública que en el mismo mes promete acuicultura «que genera empleo, desarrollo y proveedores» está, en simultáneo, autorizando menos procesamiento en tierra sobre la pesquería de mayor volumen del país. La fundamentación técnica del INIDEP validó la sustentabilidad biológica del recurso, que es una pregunta legítima pero distinta de la pregunta económico-social. Validar lo primero no valida lo segundo.
Acá conviene anticipar una objeción que escuché varias veces y que es técnicamente seria: ¿para qué construir capacidad de procesamiento hoy si la robótica y la Industria 4.0 van a eliminar el empleo manufacturero masivo en pocos años? La respuesta —y no la doy yo, la da una literatura económica bastante consolidada, desde Brian Arthur y Paul David hasta John Sutton— es que la captura de margen en cadenas globales de valor es path-dependent. La automatización opera sobre infraestructura, certificación, rutinas organizacionales y ecosistemas de proveedores que se construyen durante la fase trabajo-intensiva previa. Noruega construyó Marel, Optimar y Baader sobre décadas de planta trabajo-intensiva; Islandia armó su industria global de equipamiento (Skaginn 3X) sobre la base de un sector acumulado; Vietnam captura hoy márgenes de hasta 33 % extra en camarón a la Unión Europea porque procesa y certifica lo que Argentina exporta como bloque. La automatización futura no es un atajo: es una capa que se monta sobre capacidad previa. Saltearse la fase de planta no es esperar al futuro, es renunciar a entrar a la cadena.
Y conviene también desactivar la analogía con otras industrias. Hay quienes sugieren que, ya que la electrónica fueguina pierde competitividad, cabría apostar a la acuicultura como reemplazo. Pero el recurso pesquero no se «trae» como las partes y plaquetas; es un activo público anclado al territorio, regulado por la Ley 24.922, cuyo Art. 27 prioriza explícitamente —y por escrito— la mano de obra argentina en tierra. Las palancas para no replicar la lógica del enclave existen, están en la ley, y están en la práctica internacional: descarga obligatoria en planta provincial (modelo Noruega), regulación diferenciada por producto y etapa de cadena, cuotas comunitarias al estilo Alaska CDQ. No se trata de inventar nada nuevo: se trata de aplicar lo que ya existe.
Entonces la pregunta que vuelvo a ponerles: ¿por qué la acuicultura haría en cinco años lo que la pesca no hizo en cuarenta? ¿Por qué un actor como Cooke —cuyo modelo global es exactamente el mismo enclave exportador de bajo empleo en tierra— rompería ese patrón acá? Y sobre todo: ¿por qué no estamos discutiendo primero fortalecer lo que ya tenemos? Exigir descarga en planta provincial, revisar el cap de cola, financiar productos terminados sobre la merluza negra que ya se captura —con precios FOB que superaron los USD 30.000 la tonelada en 2024 y que se procesa entera en plantas extranjeras— son palancas reales sobre volúmenes reales, no sobre proyecciones.
No es contra el desarrollo acuícola. La mitilicultura del Beagle me parece una de las actividades más nobles que tenemos, y técnicamente impecable para esta latitud. Lo que me hace ruido es otra cosa: que estemos prometiendo con la acuicultura lo que el mismo aparato institucional, en simultáneo, está desactivando en la pesca.
Lo único que pediría, como técnico, es que el discurso oficial diga las cuatro cosas que faltan: cuántas toneladas, de qué especie, con qué tecnología y con qué fondos. Mientras eso no esté, «polo» es un adjetivo.
Cuarenta años de pesca exportada no nos hicieron un polo de empleo.
¿Qué tiene la acuicultura que la pesca no tuvo —salvo el adjetivo?
Nota del autor: Esta reflexión se desprende del documento de trabajo DT-ALGP-2026-008, parte de la serie «Documentos de Trabajo — Ariel L. Giamportone», próximo a publicarse en ResearchGate, donde se desarrollan en detalle las fuentes, el marco teórico y las propuestas normativas aquí mencionadas.
Imagen de portada creada con IA
