La huelga salvaje que paralizó el miércoles sorpresivamente el movimiento de aviones en todo el país en contra de la mayor apertura que auspicia el Gobierno en el mercado aerocomercial, anticipa otra de las batallas centrales que se le presentarán al Gobierno después de las elecciones.

Una disputa, por cierto más que interesante. Un nuevo test de poder para Mauricio Macri que será observado no sólo por los inversores del sector, y que tiene que ver con el grado de poder y determinación política que tendrá su Gobierno para enfrentar los privilegios sindicales y los intereses monopólicos en uno de los sectores más duros y conservadores de la Argentina.

Todos saben en el mundo de los aviones, que no será posible ninguna revolución de los vuelos en la Argentina, ni mucho menos la llegada de nuevas inversiones con nuevas empresas y más servicios en todo el país, si a los nuevos jugadores se les quiere imponer las condiciones que rigen hoy entre los sindicatos y Aerolíneas Argentinas.

Hasta ahora, como en la política y la economía, el Gobierno optó por el gradualismo. Aún más gradualismo que en otros rubros. Intentó acordar con los gremios los planes para Aerolíneas y para el sector, con tanta candidez que hasta la salida de Isella Costantini se justificó en que era demasiado amiga de los gremios.

Pero la verdad es que, hasta ahora, ninguno de los privilegios que los sindicatos lograron con la estatización de Aerolíneas fue revisado. Y las empresas aéreas privadas que le pidieron al Gobierno que intervenga para que les permitieran negociar condiciones laborales por empresa fracasaron, porque las autoridades no se querían enfrentar con los sindicatos. Le pasó a una compañía que quería dar vuelos desde Ushuaia. Hasta ahora no se quiso enfrentarlos.

Sobre todo a la conducción sindical de los pilotos, cuyo gremio fue el gran cómplice en la era Kirchner contra los privados para alentar la estatización y adueñarse como lo hicieron después de las áreas estratégicas de la empresa aérea estatal.

Es correcto lo que ahora hace el Gobierno al celebrar las audiencias públicas y comenzar a otorgar autorizaciones a los que manifiestan interés en volar en el país, como se ha visto en esta semana. Es el puntapié inicial según explican los expertos del sector. Pero advierten que una cosa es pedir rutas, que por otra parte es gratis, y otra muy distinta es que comiencen a volar y a existir los nuevos servicios que hoy todos prometen.

El problema más complejo hoy parece estar concentrado en el gremio de los Pilotos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que conduce el combativo Pablo Biró, sucesor de Jorge Pérez Tamayo, quien en la era Kirchner volcó el gremio contra la conducción privada de Aerolíneas y con una serie de paros salvajes acordados con el gobierno terminó en la estatización de la compañía. El poder del gremio de los pilotos se potenció fuertemente a partir de la estatización y fue creciendo bajo la férrea conducción de Biró.

Más de 80 pilotos históricos de Aerolíneas que rechazaban la práctica de paros salvajes fueron desplazados, y la realidad hoy en la Argentina es que no se mueve un avión sin la autorización de los sindicatos. Las ventajas cada vez mayores que los gremios fueron obteniendo de Aerolíneas son imposibles de empatar por el resto de las empresas y eso garantiza la no competencia.

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