La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que establece presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático global a la vez que formaliza y da carácter de política de Estado al Gabinete Nacional de Cambio Climático, un organismo creado mediante decreto en 2016.
El proyecto fue presentado por el diputado Pino Solanas y la diputada Lucila Crexell y recibió un fuerte apoyo de los movimientos Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima. La norma fue sancionada el pasado 20 de noviembre con 163 votos a favor y ocho abstenciones. La ley responde a la necesidad de afrontar la crisis climática que afecta a todo el mundo y tiene como objetivo establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático. El proyecto también busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad de los ambientes y las habitantes frente a los efectos del cambio climático.
La nueva ley establece una línea de trabajo participativa que involucra con gran amplitud a diferentes actores de la sociedad como científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria, los cuales formaran parte de un Consejo Asesor Externo que tendrá como finalidad asesorar en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Asimismo el proyecto establece una total transparencia en cuanto a la información pública relacionada al cambio climático, por lo que plantea la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley, Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación y determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental.
La norma también formaliza y da carácter de política de Estado al Gabinete Nacional de Cambio Climático, un organismo creado en el año 2016 mediante decreto presidencial que tiene como función articular la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a partir de un trabajo técnico que se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales. El trabajo del Gabinete Nacional se organiza sobre la base de reuniones periódicas de los ministros, que representan la instancia política. Luego en las mesas técnicas temáticas y en la Mesa de Puntos Focales ministeriales se desarrolla el trabajo técnico. La participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y las mesas ampliadas son la instancia de articulación con la sociedad civil, académicos, sector privado y trabajadores.
Normas, leyes, acuerdos y tratados sobran, y si bien el marco legal es fundamental para poder garantizar políticas que preserven el ambiente natural y la calidad de vida humana, es necesario que lo escrito en papel y celebrado en cámaras, foros y congresos, se aplique efectivamente y sea acompañado con decisiones políticas concretas y no que duerman en cajones y ficheros de alguna oficina. Argentina aún tiene un largo camino por recorrer para contar con políticas ambientales concretas, serias y efectivas. La realidad es que nuestro país enfrenta graves problemáticas que en muchos casos subsisten debido a la debilidad de los sistemas de control y aplicación de las normativas vigentes, y de la connivencia del poder político con sectores que responden a poderosos intereses económicos. A pesar de esto, la sociedad da muestras de un compromiso cada día más fuerte con las cuestiones ambientales, y esto se ve reflejado en la sanción de leyes como la del cambio climático.
Abel Sberna
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