Irina Hauser para Página/12 – El juez Alejo Ramos Padilla, que investiga maniobras de espionaje ilegal en el llamado “D’Alessiogate”, presentó un descargo con tono de contraataque ante el Consejo de la Magistratura. En ese organismo, la Comisión de Disciplina y Acusación le dio aire a una investigación en su contra, basada en una denuncia del Gobierno ampliada con las escuchas de la llamada “Operativo Puf”, tomadas a ex funcionarios detenidos en el penal de Ezeiza, con las que el oficialismo y algunos imputados en la causa de Dolores pretenden desacreditar la causa que los involucra. “El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable, se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo (en el Consejo), sus aliados políticos y judiciales, contra mi defendido”, dice uno de los escritos presentados por la defensa, que ejerce su padre, el juez Juan Ramos Padilla. Allí se plantea abiertamente que el objetivo del pedido de juicio político es obstaculizar la causa de Dolores y poner en juego intereses electorales. En otro escrito, el juez denunciado explica su postura y pide la desestimación de la denuncia y, en un tercero, hay un pedido para que declaren ante el Consejo desde el propio Macri, el ministro Germán Garavano, los jefes de la AFI, el juez Federico Villena que ordenó las escuchas en el penal de Ezeiza luego utilizadas para armar una causa, las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic que usaron las escuchas, el juez Claudio Bonadio que las investiga, los presos espiados, un grupo de periodistas y hasta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La acusación empezó con una denuncia del Gobierno, que elevó el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, a pedido del ministro Garavano: decía que era irregular la exposición que Ramos Padilla había hecho en el Congreso explicando la investigación que tenía en marcha ante la repercusión pública y al ser convocado. A esa se agregó una presentación de un abogado que señalaba la existencia de escuchas telefónicas donde presos del penal de Ezeiza hablaban con conocimiento de la extorsión que había sufrido el empresario Pedro Etchebest, quien luego denunció al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. El expediente está a cargo del consejero y diputado oficialista Pablo Tonelli. En el organismo desde distintos sectores dicen que es poco factible que se haga lugar a todos los testimonios pedidos por Ramos Padilla, pese a que funcionarios, jueces y legisladores pueden declarar por escrito.
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