Organizaciones sociales y asambleas ciudadanas declararon el estado de alerta ante el anuncio del gobernador Ignacio Torres de avanzar con proyectos mineros en la meseta central. El foco está puesto en el uranio, un mineral radiactivo cuya extracción despierta resistencias históricas en la provincia.
Desde el mar hasta la meseta, distintas voces se alzaron para rechazar lo que consideran una nueva avanzada extractiva sobre zonas que han dicho “no” una y otra vez. En Esquel, Rawson, Puerto Madryn, Trelew y muchas otras localidades, las asambleas comenzaron a reunirse en estado deliberativo y ya convocan a una movilización provincial para el próximo martes 5 de agosto, justo a 22 años de la gran pueblada que marcó un antes y un después en la historia minera del país.
¿Qué está pasando?
La declaración que encendió las alarmas fue pronunciada por el gobernador Ignacio Torres el 30 de julio, desde Buenos Aires, tras un encuentro con autoridades de YPF. “Estamos avanzando en proyectos en la meseta, con mucho cuidado, con la posibilidad de que participe YPF y con el foco puesto en el uranio”, expresó en una entrevista. Aclaró también que no impulsará minería donde no haya licencia social. Sin embargo, en Chubut —y especialmente en la meseta— esa licencia nunca existió.
El epicentro del conflicto es el yacimiento conocido como Proyecto Navidad, uno de los depósitos de plata sin explotar más grandes del mundo. La iniciativa está ubicada entre las localidades de Gastre y Gan Gan, y fue resistida desde hace más de 15 años por las comunidades originarias, pobladores rurales y organizaciones ambientales. El proyecto está frenado por la Ley 5001, sancionada en 2003, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia.
Hoy, la preocupación se extiende más allá de la plata: el uranio, un mineral radiactivo, abre un nuevo frente de disputa ambiental y sanitaria. Su extracción implica riesgos serios de contaminación de napas y cursos de agua, y despierta temores en comunidades ya afectadas por la desertificación, la escasez hídrica y la falta de acceso a servicios básicos.
La memoria de Esquel
Foto_Roxana Sposaro
Chubut tiene una de las trayectorias de resistencia más fuertes del país frente a la megaminería. En 2002, cuando la minera canadiense Meridian Gold intentó avanzar sobre Esquel, la respuesta popular fue contundente. En marzo de 2003, el 82% de la población votó en contra del proyecto en un plebiscito. Nacía entonces la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, con una consigna que perdura hasta hoy: “No es no”.
Desde entonces, el modelo se replicó en otras localidades, y fue el antecedente inmediato de lo que ocurrió en Mendoza y en otras provincias. La lucha de Chubut también logró frenar una zonificación minera impulsada en 2021 por el entonces gobernador Mariano Arcioni, que terminó derogada luego de una semana de protestas masivas conocidas como el Chubutazo.
A raíz de esas movilizaciones, siete manifestantes fueron recientemente condenados por delitos menores. Organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales —como MiningWatch Canadá y Amnistía Internacional— denunciaron la criminalización de la protesta ambientalista y pidieron al gobierno provincial que revise los procesos judiciales.
¿Quién decide qué se extrae y qué se cuida?
La pregunta de fondo, que vuelve una y otra vez al centro de la escena, es quién decide qué hacer con el territorio. ¿La empresa que quiere invertir? ¿El gobierno provincial? ¿La Nación? ¿Las comunidades que habitan la meseta y que desde hace años resisten estos proyectos?
“Acá nunca hubo licencia social, ni cuando era plata ni ahora que dicen que puede ser uranio”, señalaron desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. En su comunicado advirtieron que no se oponen al desarrollo, pero que debe pensarse desde otras lógicas: la producción agroecológica, el turismo responsable, la soberanía del agua y el fortalecimiento de economías locales.
El anuncio del gobernador, si bien plantea una posible participación de YPF y una minería “controlada”, no deja de encender las alertas en un territorio donde cada palabra pesa. Y donde el pasado aún late.
La próxima semana, distintos sectores volverán a marchar. Algunas de esas asambleas llevan más de 20 años organizadas sin interrupción. Otras son nuevas, surgidas en barrios o escuelas lo harán en defensa del agua, de la vida rural, del derecho a decidir cómo habitar el territorio.
