Por estos días, el acuerdo firmado el lunes entre el Gobierno Nacional, el Ejecutivo de la Provincia, las empresas electrónicas y el gremio de la UOM, despierta dimes, diretes y reproches cruzados entre las diferentes partes firmantes. Si bien diferentes funcionarios de Tierra del Fuego AIAS venden este acuerdo como una victoria, lo cierto es que tiene un gusto amargo.
El punto más controversial del entendimiento es el fuerzo al que se comprometen los trabajadores -el eslabón más débil de toda la cadena productiva-, que verán congelados sus salarios por el plazo de dos años. En este punto, son las declaraciones del secretario general de la UOM seccional Río Grande, Oscar Martínez, las que mejor ilustran la sensación del sector:
“No nos dejaron alternativas ante las amenazas de despidos. Es como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el ‘dunga-dunga’”.
Hay que decir que el gremialista fue duramente criticado por haber aceptado este pedido de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas) y por el papel histórico que jugó el sindicato con los contratos a término (denominados de forma peyorativa como “contratos basura”).
Lo otro que es llamativo, es que los mayores reproches se los llevan los actores de la función pública -tanto gremial, como política- y poco se habla de las cabezas de las empresas. De vez en cuando, se escuchan frases como “las empresas deberían hacer un mayor esfuerzo”, pero se las nombra como entes que forman parte de otro plano. ¿Qué empresas? ¿Quiénes las comandan? ¿De dónde vienen? Estas preguntas son claves para entender la relación asimétrica de poder que existe entre el poder político-gremial y el económico -el famoso círculo rojo-.
Uno de los actores clave en esta ecuación es la Asociación Empresaria Argentina (AEA), un grupo que nuclea a las empresas más poderosas del país, entre las que se encuentran la Organización Techint, representada por Paolo Rocca, y el Grupo Clarín, personificada por Héctor Magnetto. Esta asociación fue fundada el 28 de mayo de 2002, en plena crisis económica. El conjunto de entidades que la conforman factura 53.000 millones de dólares, exporta por 9.604 millones de dólares y emplean a 240.593 personas de forma directa, según datos extraídos de su página oficial. La fábrica Boris Garfunkel e Hijos SA (BGH) está representada en esta asociación por Alberto Rafael Hojman, el mismo empresario que firmó el polémico acuerdo el lunes pasado.
Un dato más: según la Ley Provincial Nº 1132, el presupuesto vigente de la Provincia es de 22.700 millones pesos. Es decir, los recursos provinciales entran casi 40 veces en lo que factura este grupo de empresas. A esta altura cabe preguntarnos: ¿Qué margen de negociación política tiene una Gobernadora que no obtuvo respaldo electoral en los últimos comicios? ¿En qué lugar se para el Gobierno Nacional, frente a los reclamos del sector empresarial?
Uno de los puntos del acuerdo fue el compromiso de Nación en mejorar rutas y seguridad para optimizar los costos del transporte. En el ciclo de encuentros organizado este año por AEA, una de las charlas se denominó “Infraestructura del Transporte y desafíos logísticos”; en la mesa de diálogo, los participantes reclamaron mejoras en esa área.
Lo que más asusta en Tierra del Fuego AIAS es la discusión que comienza a abrirse sobre la prórroga del subrégimen de la Ley 19640. De aprobarse el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno Nacional en el Congreso, los impuestos internos a los productos electrónicos fabricados fuera del territorio fueguino se reducirían a 2 por ciento en el 2023, año en que termina el subrégimen. Hay quienes sostienen –como el legislador por el bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco- que esta es una buena oportunidad para consolidar la 19640; hay otros que no son tan optimistas sobre el tema.
Lo cierto es que cuando la política se retira y gobiernan quienes forman parte de ese círculo de poder económico concentrado, los costos los pagan los trabajadores.
Luz Scarpati
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