En noviembre de 2017 la Unión Obrera Metalúrgica y AFARTE rubricaron un acuerdo que establecía el congelamiento de los salarios de los empleados de las electrónicas fueguinas durante dos años. El acuerdo comenzaba a regir a partir de junio de 2018, cuando terminaba de cumplirse la paritaria acordada el año anterior.
Mientras el gremio que los representa se comprometía a que, por dos años, los operarios y operarias de la industria local no hicieran ningún tipo de reclamo, la parte patronal afirmaba que por el mismo período estarían garantizados los puestos de trabajo.
El convenio comenzó a regir mientras que en los medios provinciales se reflejaba la cantidad de contratos que se habían caído o que, incluso, caerían en los próximos días. A eso se le sumaba la realidad de los empleados de Planta Permanente Discontinua -los famosos PPD- que, a pesar de estar solo a un paso de quedar “efectivos” en las diferentes fábricas, los patrones solo tienen obligación de emplearlos como mínimo cuatro meses. De nuevo: de los 12 meses que tiene el año, los trabajadores que cuentan con el status de PPD solo tienen garantizados 4 meses de trabajo. Y mientras tanto no pueden aceptar un trabajo temporal en otra empresa del mismo rubro, pues perderían su condición de PPD y en el maldito juego de la Oca de los empleados de fábrica, retrocederían todos los casilleros.
Claro que la Unión Obrera Metalúrgica no está exenta de esta responsabilidad, pues la realidad de quienes están considerados como Planta Permanente Discontinua también está ligada a lo que, en su momento, como representantes gremiales, aceptaron los dirigentes.
Pero volviendo a la actualidad, no podemos perder el foco que hoy apunta directamente al eslabón más débil de la cadena que, como siempre, es el trabajador.
Los contratos se caen, las empresas como FAMAR reducen horarios -y por consiguiente salarios- de los operarios de la planta de Río Grande, o lo que sucede actualmente en Brightstart, donde se le propuso a los empleados reducir la carga de trabajo semanal y asistir a los puestos laborales solo tres días a la semana, con su consecuente baja de sueldo.
Mientras tanto las fábricas Audivic y Foxman no cancelaron sus obligaciones correspondientes al mes de mayo. Es decir, sus empleados aún no cobraron el sueldo que deberían haber cobrado el 4 de junio.
Se mira la película completa e, irremediablemente, el final parece ser siempre el mismo, la pérdida está siempre del mismo lado.
¿Está cumpliendo AFARTE con su parte del trato? Mantiene la planta de personal, claro, aunque suene de una manera totalmente arbitraria, pues los PPD ya trabajaron los 4 meses obligatorios y los operarios con contrato a tiempo determinado no entran en la cuenta de nadie.
“No son despidos, son contratos que se caen”, hemos leído y escuchado hasta el hartazgo, como si la fila de desempleados no se engrosara, como si la incertidumbre de qué va a pasar mañana no fuese la misma. Le ponen un nombre de fantasía para que suene más lindo al oído general, pero la realidad es igual de triste. Siguen siendo familias que dejarán de tener ingresos, obra social, aportes patronales y un montón de etcéteras entre los que se incluye la dignidad de ganarse el pan diariamente.
Las empresas hacen bandera del acuerdo y firman que es lo que más le conviene a todos, mientras relatan con un pesar bastante teatral lo que les duele y lo que les afecta no poder mejorar las condiciones. Hablan de competitividad, de costos, de procesos productivos, del dólar, de la inflación y de la retracción del consumo, pero poco se habla de los y las jefes de familia, de cómo impactan las decisiones de los que rodean la mesa dentro de una oficina.
El acuerdo camina, pero los trabajadores están detenidos en el limbo. El hilo, para variar, se corta por lo más delgado.
María Fernanda Rossi
