Recientemente se difundió un informe del Registro Nacional de Barrios Populares del que se desprende que más de 13 mil personas viven en 36 asentamientos informales distribuidos en Ushuaia y Río Grande. La crisis habitacional en la Provincia viene de larga data y las diferentes gestiones han tenido miradas disímiles para abordar esta problemática.
En el 2013, esta crisis llegó a un punto de tensión tan grande que borramos del vocabulario político las palabras “casas” o “viviendas”, para decir “módulos habitacionales” o “soluciones habitacionales”. Claro, ni siquiera los funcionarios de aquella gestión municipal del 2013, se animaban a llamar “casas” a lo que estaban entregando.
Durante más de 10 años, la sociedad de Ushuaia presenció anestesiada los desarmes que realizaba la Cooperativa Magui Mar y que iban “un pasito más allá de lo que marca la ley”, tal cual lo expresara Oscar García, presidente de la empresa, en una entrevista radial. En la misma nota agrega algunos detalles aún más turbios: “hay que ir a la madrugada con las motosierras y romper las cosas, no se puede esperar a que venga la Justicia o el Fiscal”. Pero más escalofriante es que estos datos pasaron desapercibidos.
Pero, ¿por qué hablar de algo que pasó hace tanto tiempo, si ya desaparecieron de las noticias los desarmes, los gritos, los llantos, las motosierras y Magui Mar, ya que la actual gestión Municipal, tomó la atinada decisión de rescindir ese contrato al inicio de su mandato?. Sucede que aún hoy existen ecos de esas injusticias; el “canon de uso” establecido por la Ordenanza Nº 3376 en el 2008, vigente a la fecha.

Por medio de esta ordenanza se creó el Programa de “Módulos de Asentamiento Habitacional” y busca, según reza la norma, “brindar soluciones a personas o grupos familiares que se encuentren en situaciones de riesgo social, ambiental y/o sanitario”. Pero la letra chica es tramposa. Estos “módulos habitacionales“ -no casas, ni viviendas- eran de carácter “transitorio” y las personas que los habitaran debían pagar “un canon de uso” por hacerlo, podríamos llamarlo alquiler, pero no queda bonito. Pero no es sólo un problema de lenguaje.

Para remediar esto, el Concejo Deliberante sancionó durante el 2013, la Ordenanza N°4541. En la misma se estableció que quienes vivieran en esos espacios tendrían “la posibilidad de optar entre aceptar el módulo que efectivamente habitan como solución definitiva, o aceptar la solución que le correspondiere según puntaje del Registro Único de Demanda Habitacional” y que quienes optaran por los módulos se les descontaría del valor total lo abonado en concepto de canon de uso. Sciurano -Intendente de Ushuaia por aquellos años y maratonista contemporáneo- vetó la ordenanza. El cuerpo deliberativo la insistió. Sciurano pidió la inconstitucionalidad. El Superior Tribunal de Justicia se la rechazó.
Así las cosas, unas vecinas iniciaron en el año 2014 el trámite, habilitadas por esta ordenanza. Hace 4 años. Pero la pobreza merece motosierras o, como mucho, merece alquileres disfrazados de “canones de uso”. La pobreza no merece vivienda propia. La pobreza camina bajo todo el rigor de las normas, aunque algunos vayan “un pasito más allá de lo que marca la ley”. Presentaciones judiciales, contestaciones legales de por medio y muchos trámites. Hoy las vecinas siguen peleando por su “módulo habitacional“.
Recientemente el Superior Tribunal de Justicia (a veces la Justicia es justa, aunque sólo a veces) dio lugar a un amparo por mora por el incumplimiento de la Ordenanza N° 4541 e intimó al actual Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, a revertir esta situación, fijando una multa diaria de 200 pesos por cada día de retraso, que deberá ser abonado por el propio funcionario municipal. Esta es la novedad.
Cuando estas vecinas tengan la titularidad de sus “módulos habitacionales”, será justicia. Cuando estas vecinas tengan su casa propia, será justicia social.
Luz Scarpati
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