Las desigualdades se eternizan cuando se naturalizan.
Hay que sacarlas del ostracismo.
Desde la investigación, hace años que hablamos de la profunda desigualdad en el financiamiento educativo de las provincias y explicamos sus causas.
Tierra del Fuego invirtió $80.000 por alumno estatal en 2015; Santiago del Estero llegó a $16.000. Pese al gran incremento del presupuesto educativo, que pasó de representar el 3, 7% del PBI en 2004 al 6, 6% en 2015, las desigualdades en la inversión por alumno de las provincias más aventajadas y las más pobres se mantuvo en una brecha de 2, 5 veces.
La brecha salarial docente entre las seis provincias que pagan sueldos más altos y las seis con los más bajos se redujo de 1, 8 veces en 2005 a 1, 7 en 2016. No es justo que los alumnos de las provincias más pobres tengan peores condiciones en sus escuelas y docentes con salarios más bajos.
No es justo que a igual trabajo se pague un salario diferente según el lugar donde les toque vivir a los docentes (más allá de ciertas diferencias entendibles por distintos costos de vida). Las causas más profundas vienen de la desigualdad de los niveles de desarrollo del país.
A esto se adiciona nuestro régimen de distribución de los recursos estatales, la coparticipación y otros fondos paralelos, injustos y arbitrarios.
Es necesario discutir un modelo de crecimiento económico que reduzca la desigualdad productiva entre las provincias, un esquema de redefinición de la coparticipación y del sistema fiscal para lograr más equidad sin perder eficiencia.
A la política educativa le cabe también un espacio en el combate de las desigualdades extremas de las provincias (y dentro de ellas). Sacando el universitario, el mayor gasto que tiene el Ministerio de Educación de la Nación es el Fondo de Incentivo Docente (Fonid). En 2016 representó el 41% del presupuesto educativo nacional destinado a educación básica.
