Luego de la decisión del presidente Mauricio Macri de promulgar un decreto para la importación de residuos, un grupo de organizaciones presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto la medida. El decreto modifica la reglamentación del manejo de residuos peligrosos y termina con la obligación de un certificado de origen.
A principio de este mes se hizo pública la novedad de que el ejecutivo nacional, a través de un decreto presidencial, flexibilizaría los requisitos para la importación de residuos al país. Desde el gobierno explican que la medida busca potenciar el desarrollo de actividades económicas vinculadas al reciclaje de residuos, para lo cual existe un mercado en el país. El problema radica en que esta medida elimina el requisito de la certificación de origen de la materia importada y el certificado de inocuidad. Será la Secretaría de Ambiente, junto con el Ministerio de Producción, quienes estarán a cargo de definir cómo se pueden ingresar en el país. A su vez, se modificó la definición de “residuos peligrosos” omitiendo en su nueva definición aquellas materias que sean recicladas, recuperadas o reutilizadas. Desde que la decisión tomó estado público diversas voces se han alzado manifestando su preocupación.
En todo el mundo, en particular en los países en vías de desarrollo, la importación de residuos para su reciclaje es un negocio rentable. Sin embargo, representa un gran riesgo ambiental y social. En países con legislaciones endebles y situaciones económicas alarmantes la actividad es llevada adelante por los sectores más bajos de la sociedad, en condiciones inhumanas que ponen en riesgo su salud a la vez que generan un gran daño ambiental. Es por ello que una legislación estricta, controles rigurosos y la presencia del estado es fundamental. Sin embargo, este decreto flexibiliza el control sobre los residuos. Al no haber un certificado de inocuidad no puede garantizarse que el material importado no se encuentre contaminado. China, por ejemplo, que hasta fines de 2017 importaba plástico, cerró sus fronteras debido a que les llegaba material contaminado. En consecuencia, Estados Unidos comenzó a exportar plástico a otros países con menores restricciones a la hora de importar material reciclado como Malasia, Tailandia y Ecuador.
En vista de esta situación, La Federación de Cartoneros, Greenpeace y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, presentaron en Casa Rosada un recurso para que el presidente Mauricio Macri revierta antes de fin de mes el decreto, con el que flexibilizó las condiciones para la importación de basura. En declaraciones al diario Página 12 Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, sostuvo que “Con este decreto, nos vamos a convertir en el basurero del mundo”. El recurso se sustenta en la Ley de Procedimientos Administrativos que prevé la nulidad de actos administrativos que violen la legislación aplicable. Según Mingo si el gobierno deja firme el decreto y entra en vigencia a fin de septiembre, “Argentina se convertirá en el paraíso de los residuos peligrosos que el resto del mundo quiere descartar”.
La idea de permitir el ingreso de residuos, en particular de los plásticos, para potenciar la industria del reciclaje, suena contradictoria en el sentido de que Argentina es uno de los 25 países que más desechos plásticos produce, de los cuales solo el 5% son reciclados. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, se desechan alrededor de 90 mil toneladas de basura por mes.
Hay 12 cooperativas que se dedican al reciclaje en la Ciudad, reciclando alrededor de 600 toneladas diarias de las 3 mil que se desechan, entre papel, cartón, plásticos entre otros. “Sólo en la ciudad de Buenos Aires se generan más de 6 mil toneladas de residuos por día. Ahora, además, se pretende importar residuos”, insistió Mingo. “La mayoría de los rellenos sanitarios están colapsados, hay basurales a cielo abiertos en prácticamente todo el país. La solución no es gastar millones de dólares en traer residuos de otro país, sino implementar una eficiente gestión de residuos en torno al reciclaje”, explicó el integrante de Greenpeace.
Abel Sberna
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