Por FM La Isla, informó que participaron “todos los actores vinculados con la reserva costa atlántica para buscar alternativas al proyecto”, y aclaró que “no es una imposición ni está cerrado”, sino que “obedece a la necesidad de conseguir áridos por los grandes proyectos de obra pública que tiene el gobierno”.
“En proyecto en sí abre la discusión de qué hacemos con los áridos, que viene de varios años, porque la gobernadora anterior no actuó cuando debía”, criticó, y consideró que la discusión pasa por “cómo integramos las reservas naturales al desarrollo”. “Este gobierno tiene legisladores propios, serios, que decidieron pasarlo a comisión para poder discutirlo”, y espera resolver “una de las grandes herencias negativas que dejó la gestión de Fabiana Ríos”. Destacó la participación ayer de especialistas de “la Universidad, de la Municipalidad de Río Grande, de las ONG, e investigadores que hicieron su aporte vía Skype”.
Consultado sobre la opinión de los técnicos de la Secretaría, ante la postura en contra de forma unánime del resto de los profesionales que se han expedido sobre el tema, indicó que “trabajamos con los informes realizados que determinan cuáles son las mejores áreas con reserva de áridos para extraer y se verificó que la mayoría está fuera de la reserva”. En función de esto se flexibilizarían las zonas de sacrificio propuestas.
“Se pueden hacer algunos corredores de aprovechamiento de áridos fuera de la reserva, así que pienso que vamos a llegar a un consenso”, afirmó el funcionario. Respecto del encarecimiento que provocará la extracción en terrenos privados, si es lo que se termina definiendo, aclaró que “en el trabajo de ayer no se planteó defender ningún tipo de interés económico, sino un interés colectivo, que es ambiental, social y económico también, porque queremos las calles asfaltadas, la ampliación del hospital, y para eso necesitamos áridos”. “Yo tengo mucha fe en que vamos a generar mejoras al proyecto, que dio el puntapié inicial para saldar este tema y llegar a un acuerdo”, insistió, y recordó que “hay una causa judicial y un fallo de un juez que ordena al gobierno de Tierra del Fuego detener la extracción de áridos en la zona actual, entre Caleta La Misión y la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La extracción en esa zona está parada hace siete u ocho meses, por este fallo, que obliga al gobierno a buscar nuevas alternativas”.
“Tomamos un problema de más de veinte años y estamos buscando el consenso para solucionarlo. El gobierno anterior fue totalmente nulo en cuestiones ambientales, no ejerció su poder como autoridad de aplicación, y cuando no hay control cada empresa generó su propia regla”, sostuvo, reconociendo que no hubo un uso adecuado del recurso.
El secretario finalmente indicó que en quince días se volverá a convocar a esta mesa y “luego se trabajará en la Legislatura cuando llegue el análisis en comisión. Por ahora el trabajo va a ser en la mesa técnica donde estamos representados todos los actores, para llegar a una alternativa superadora”, concluyó.
