Tras los reclamos sostenidos durante más de una semana, el gobernador de Mendoza envió al poder legislativo un proyecto para derogar la nueva ley de minería que introducía importantes cambios a la normativa vigente. El rechazo popular a las modificaciones forzó al Gobierno a retomar la ley original que prohibía el uso de químicos como el cianuro en la industria minera.
El pasado 19 de diciembre las dos cámaras de la Legislatura mendocina aprobaron la modificación de la ley 7722 que regula la actividad minera en la provincia. El proyecto de reforma impulsado por el gobernador Rodolfo Suárez, derogaba la prohibición a la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras. Días más tarde las modificaciones fueron promulgadas abriendo la puerta el desarrollo de la minería intensiva en la provincia. En paralelo, una gran movilización popular se hizo sentir en las calles de todo el país reclamando la derogación de la nueva norma y rechazando a la mega minería. Hasta allí, la misma historia de siempre. Intereses políticos y económicos avanzando sobre los intereses populares y el ambiente natural. Nuevamente el modelo extractivista que ha imperado sobre nuestra región volvía a imponerse poniendo a disposición del “desarrollo y el progreso” los bienes naturales de una provincia sin importar las consecuencias.
Si embargo, algo cambió.
En los últimos años se comenzó a vivir lo que parece ser el inicio de una nueva concepción del ambiente y nuestra relación con el mismo, concepción que surge desde las bases mismas de la sociedad, de un pueblo que comienza a comprender que la explotación intensiva de la naturaleza no es el camino para el desarrollo de nuestra sociedad, que sin un ambiente sano resulta imposible la vida, incluida la humana. “El agua vale más que el oro” es la consigna que se ha plasmado en las banderas de la lucha contra la mega minería que ya lleva más de quince años en nuestro país. Pero recién ahora, luego de tanto camino recorrido, esta frase a dejado de ser una consigna para reflejar una realidad.
El mundo esta atravesando una gran crisis ambiental provocada por el uso irracional de los bienes naturales. La contaminación del aire, la tierra y el agua han empujado a nuestro planeta a los limites de su resistencia, poniendo en peligro toda la vida que sobre el existe, incluida la humana. Los mares están repletos de plásticos, el aire viciado de gases de efecto invernadero esta calentando el planeta, los hielos polares se derriten junto con los glaciares, incrementando el nivel del mar. El agua potable escasea.
El futuro apocalíptico que parecía tan lejano hace 20 o 30 años finalmente está aquí. No hace falta leer informes científicos para ver la realidad que nos rodea y afecta: el mundo esta cambiando y es nuestra culpa. Globalmente se están sufriendo las consecuencias de estos cambios, pero mientras las grandes potencias políticas y económicas se resisten a tomar las grandes decisiones e insisten por los viejos caminos que ha desgastado a nuestro planeta, los pueblos del mundo comienzan a pedir un cambio. Y eso es lo que hemos presenciado en Argentina en los últimos días. Una sociedad de pié, consciente de que el aire, el agua y el suelo valen mas que cualquier divisa, que no puede haber desarrollo social sin la conservación del ambiente, que no puede haber vida digna sin un entorno saludable y que la naturaleza no está a nuestro servicio para destruirla según nuestras necesidades y criterios.
El poder se encontró con algo que no esperaba. El pueblo argentino, sin distinción política, religiosa o de género dijo NO. La resistencia fue tan grande, espontanea y poderosa que no dejo al poder político otra opción más que la de hacer oídos al reclamo popular. El pasado 30 de diciembre el poder legislativo de Mendoza derogó la ley 9209 que introducía las modificaciones, retornando a la ley anterior, la 7722, la cuál prohíbe la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras.
Los mismos legisladores y legisladoras que hace poco más una semana levantaron la mano para dar luz verde a la mega minería tuvieron que dar marcha atrás. Este es un gran logro del pueblo mendocino en particular y argentino en general. Pero a la vez es un mensaje contundente para el poder político: la sociedad ya no tolera la toma de decisiones de espalda al pueblo ni las políticas que signifiquen la destrucción del patrimonio natural en beneficio de unos pocos. Los gobernantes deben comprender que a partir de ahora el apoyo popular no significa una carta blanca para hacer lo que quieran y que el pueblo ya no se quedará nunca más en sus casas viendo como se depreda su tierra.
Abel Sberna
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