“Escriben los Protagonistas” es un espacio de opinión para los protagonistas de la política local.
Jorge Argüello, secretario de Estado para la Cuestión Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego, A. e I.A.S. responde a Jorge Faurie, luego de la entrevista que el Canciller realizara para EL ROMPEHIELOS
Jorge Argüello
En toda Facultad de Derecho de la Argentina se enseña que el proceso de celebración de tratados indicado en nuestra Constitución Nacional consiste en que, según el art. 99 inc. 11, es el Poder Ejecutivo quien concluye y firma los tratados y otras negociaciones internacionales, e incumbe al Congreso de la Nación su aprobación o desecho tal y como indica el art. 75 inc. 22.
Nadie pone en duda la facultad del Poder Ejecutivo de negociar y concluir acuerdos internacionales, de hecho, es lo que establece expresamente la Constitución. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo, por su cuenta, es comprometer al Estado argentino en la órbita internacional sin la aprobación del Congreso de la Nación en cuestiones que son ajenas a su competencia.
Es claro que una cuestión de soberanía como la de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes no se encuentra en las cuestiones de estricta competencia del Poder Ejecutivo.
La Ley Malvinas no requiere ninguna reforma constitucional ya que está en un todo conforme con nuestra Carta Magna. Lo que requiere una “reforma”, sin duda, es el constante actuar del Poder Ejecutivo nacional que pretende evitar el control democrático del Congreso de la Nación en todos los temas relacionados a la Cuestión Malvinas para su uso en materia de política interna e internacional y en especial respecto a la relación bilateral con el Reino Unido.
El Canciller pretende presentar los “avances” en pesca, vuelos e hidrocarburos como producto de la creación de “buena confianza”, pero es importante destacar que estos “avances” que solo benefician a los británicos no son más que el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el “Acuerdo Foradori-Duncan”, dejando la única cuestión que a la Argentina le interesa –la solución de la disputa de soberanía- bajo la sombra del famoso paraguas, a efectos de, como indica el “Acuerdo Foradori Duncan” “remover los obstáculos para el desarrollo económico de las islas Malvinas”. Al respecto, cabe recordar que la reanudación de los mecanismos de cooperación en materia pesquera, los cuales habían sido suspendidos por el Presidente Néstor Kirchner debido a los continuos actos unilaterales del Reino Unido contrarios a las resoluciones de las Naciones Unidas, fueron llevados a cabo sin que las circunstancias lesivas que generaron su suspensión hayan cesado; y, continúan tan vigentes y constantes como al momento de su suspensión.
De igual modo el Sr. Canciller pretende presentar como algo positivo para nuestra posición, la segunda escala mensual en territorio continental, con destino final San Pablo, excluyendo a nuestra aerolínea de bandera y evitando que sea un vuelo directo, que no es más que un beneficio exclusivo para los isleños que buscan nuevos mercados en Latinoamérica con miras a su compleja situación económica producto del futuro Brexit.
En este sentido intenta demostrar como un logro para la Argentina aceptar empresas británicas en una licitación para la exploración de gas y petróleo de tres cuencas de la plataforma continental argentina, en un área de importancia estratégica y geopolítica para nuestro país. Sumado a la peligrosidad que implica que empresas británicas hayan sido adjudicatarias de áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas, el Gobierno nacional ha avanzado en este proceso sin haber cumplido con la normativa nacional y los estándares internacionales en materia de protección ambiental.
Las palabras del Sr. Canciller intentan disimular lo indisimulable, una estrategia diplomática que ya ha demostrado su fracaso en el pasado y lo vuelve a demostrar en la actualidad, endilgando al pueblo de Tierra del Fuego el uso de la Cuestión Malvinas con fines electoralistas cuando hemos visto como, con la intención de obtener el favor del Reino Unido, o con la promesa de beneficios económicos y/o comerciales para nuestro país el gobierno del presidente Macri ha realizado concesiones y acuerdos completamente nocivos o intrascendentes obligando al Estado argentino, sin representar ningún beneficio sustancial para nuestra posición y sin modificar un ápice la intransigencia recalcitrante británica para resolver la disputa de soberanía de conformidad a lo establecido por las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Lo único que demuestran las palabras del Canciller Faurie es la costosa e inútil estrategia diplomática seguida por el actual gobierno nacional frente a las pretendidas e ilegítimas autoridades de los archipiélagos australes y sus mandantes en el Reino Unido. Una política diplomática que vuelve a alejarnos, por ahora, de la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre todos esos territorios.
Jorge Argüello
