El pasado 27 de septiembre Argentina, junto a varios países de América Latina, suscribió el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo es un hito ambiental para nuestra región.
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que alberga la mayor biodiversidad del planeta, al mismo tiempo que es reservorio de valiosos recursos naturales. Sin embargo, los países que la integran son los que menos herramientas legales tienen para controlar y gestionar de manera efectiva las actividades que se llevan adelante y afectan estos recursos y el ambiente natural desde el que se los extrae.
Nuestra región es como un gran depósito para las poderosas empresas internacionales las cuales suele aprovechar la frágil protección de nuestros recursos para instalarse y explotar, en la mayoría de los casos, de manera indiscriminada el ambiente natural, impactándolo gravemente y en muchas ocasiones de forma irrecuperable. Nuestros pueblos deben enfrentar constantemente la instalación de grandes emprendimientos, generalmente extractivos, que poco o nada dejan en términos de desarrollo y progreso para los habitantes locales. Esto genera constantes reclamos y manifestaciones en las cuales se enfrentan defensores ambientales, ONGs de derechos humanos, pueblos originarios y habitantes afectados, contra grandes intereses políticos y económicos los cuales generalmente ganan la pulseada.
En vista de la necesidad de nuevas herramientas para proteger el ambiente y la vida en la región, se avanzó en la creación de un acuerdo que garantizara el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente natural sano y a un desarrollo sostenible. Durante años, líderes políticos de Latinoamérica y el Caribe trabajaron para la creación de lo que hoy se conoce como El Acuerdo Escazú, un instrumento multilateral sin precedentes, el cual ofrece a nuestros Estados y sociedades una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, la participación más allá de las consultas y a la justicia ambiental.
El pasado 27 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se abrió a la firma del acuerdo y Argentina, junto a varios países de la región, fue una de los Estados firmantes. La suscripción de éste acuerdo por parte de nuestro país significa un avance enorme en términos de preservación ambiental y que brinda a los pueblos una herramienta legal para una participación activa en la toma de decisiones que tengan una incidencia directa sobre sus tierras, sus recursos y su ambiente natural. En rasgos generales, el acuerdo dice que cualquier persona podrá solicitarle al gobierno información sobre el ambiente o las actividades que potencialmente puedan afectarlo. Las autoridades tendrán un plazo de 30 días para responder a las inquietudes y brindar la información solicitada. Al mismo tiempo el gobierno deberá garantizar la participación popular en la toma de decisiones en asuntos que involucren al ambiente y se verá obligado a tener en cuenta las opiniones emanadas de la sociedad.
Además de la cuestión ambiental, el instrumento comprende una agenda de temas transversales que incluyen: la perspectiva de género, el gobierno abierto, el mejor funcionamiento democrático, el desarrollo sostenible y cuestiones vinculadas a los sectores más vulnerables. El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento ambiental de la región que contó con la participación de la sociedad civil, bajo el entendimiento de que un desarrollo armónico con el medio ambiente requiere de la efectiva contribución de todos y todas.
Abel Sberna
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