Como si la firma de un acuerdo de recomposición salarial en la municipalidad de Río Grande oficiara como una especie de catapulta de enojos varios, agrupaciones sindicales que representan a empleados del ámbito estatal enarbolaron el reclamo a nivel provincial y advierten sobre la posibilidad de pasar a la toma de medidas de acción directa.

El reclamo, principalmente, es para la administración central, con la gobernadora Rosana Bertone como estandarte; detrás aparece la figura del intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, que también recoge quejas desde el costado gremial.

Jorge Saravia, Secretario Adjunto de ATSA advirtió en FM del Sur que “estamos conversando con todos los sectores, el objetivo es comentarles la situación de las paritarias inconclusas. Nosotros fundamentamos la necesidad de un aumento salarial y hasta el momento no hemos tenido respuestas y, sobre todo, no hemos tenido una nueva convocatoria y ya han pasado 20 días desde la última reunión”.

No hemos avanzado tampoco en la serie de reclamos sobre las condiciones laborales que no tienen impacto presupuestario, creemos que se trata más de una decisión política reconocer que los trabajadores necesitan guardar sus condiciones por una cuestión de salud y preservación de la actividad propia que se desarrolla dentro de los hospitales”, agregó. 

De todas formas, el dirigente se mostró confiado al afirmar que “esperamos una reacción por parte del ejecutivo, que no sea trunca esta paritaria y que se pueda avanzar sobre distintos temas. Durante los últimos dos años hemos tenido incrementos salariales muy por debajo de la inflación y esto afectó muchísimo los salarios de los trabajadores de la salud”.

Por su parte, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Carlos Córdoba, fue tajante al declarar que “la situación ya no da para más”. 

No queremos más comedores comunitarios, porque ya lo viví en otras épocas”, dijo Córdoba por Radio Provincia ante la crisis que se profundiza por la pérdida del poder adquisitivo y también repercute en la actividad económica en general. “Están apagando el incendio con nafta y, si vamos a hablar de paz social, debe haber una demostración de madurez, enfrentar a los trabajadores, porque no queremos que nos falten más el respeto”, subrayó.

De esta manera, el gremialista señaló “tanto al intendente (Walter Vuoto) como a la señora gobernadora. Queremos resolver esto de forma inmediata porque no se puede esperar más. Hasta ahora no tuvimos ninguna novedad sobre algún tipo de reunión con el intendente o con el gobierno. Hasta el momento hemos sido muy prolijos cuando nos decían que no había plata para nadie, pero parece que la plata apareció y bienvenido sea para los compañeros de la Municipalidad de Río Grande. Nosotros también queremos discutir lo nuestro en forma inmediata con el resto de los estatales”, planteó.

Otra representante de los trabajadores estatales que dio su punto de vista fue Sandra Esperón, histórica dirigente de SOEM Ushuaia, quien en Radio Nacional Ushuaia repasó que “en 2016 tuvimos un 15% de recomposición por decreto, con una inflación del 45% a nivel nacional, con el argumento de la deuda que había dejado el intendente anterior. En 2017 el problema eran los atrasos en coparticipación, los definitivos, la mala relación con el gobierno de la provincia y el impuesto inmobiliario. Ahora en 2018 el problema es la tarifaria a nivel nacional y, a la hora de hablar de recomposición, siempre hay un inconveniente nuevo. El año pasado la recomposición fue del 18%, con una inflación de casi el 30%. Este año ya quedó en el olvido la meta del 15%”.

Nos sorprende que el Ejecutivo no haya tenido ningún llamado a los sindicatos y creo que esta es una decisión política más que económica. Esto lo hemos escuchado de algún funcionario que se ha reunido con nosotros: que esto no es una situación económica sino política, de acompañamiento al gobierno provincial y del gobierno provincial al gobierno nacional”, argumentó.

Para Esperón, “evidentemente hoy estamos sometidos a lo que acuerde el gobierno de la provincia y era el fantasma que dijimos que íbamos a resistir. Toda la vida peleamos por la autarquía de los municipios, pero parece que la política se olvida de esto tan importante”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anuncia un paro de actividades para el próximo miércoles 9 de mayo: “La decisión fue consensuada en congreso provincial, explica Verónica Andino en charla telefónica con FM del Sur. Creemos que se va a expresar la situación en la que se encuentra el conjunto de la docencia”, añadió.

No hay convocatoria a mesa de discusión y hay un absoluto silencio por parte del ejecutivo de la provincia”, mencionó la dirigente.

Andino señaló a la vez que “la idea es ser recibidos por alguna de las autoridades del Ministerio de Educación. Esperamos que alguien del equipo, ya se el Ministro, el secretario de Educación, alguien, pueda recibirnos para poder decirle concretamente de qué estamos hablando”.

Mientras tanto, el gobierno provincial, y por decantación las administraciones municipales, empiezan a evaluar el impacto directo que tendrá el recorte anunciado por Nación en obra pública y cómo eso afectará de manera indirecta a los empleos del sector privado relacionados con la construcción.

En otro costado se mueven las clavas tributarias en el aire y se sacan cuentas apresuradas para calcular con qué movimiento se pierde menos.

El dólar, la inflación, las metas del Ejecutivo nacional que no se mueven aunque la evidencia tangible dice otra cosa. Todos tirando de una misma cuerda finita, pero sin poder desconocer que el salario es uno de los ítems más golpeados en todo el país.

 

María Fernanda Rossi

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