El Gobierno de Tierra del Fuego y los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin comenzaron a debatir una nueva propuesta para actualizar el reparto de la coparticipación provincial. El objetivo es adecuar los criterios de distribución al escenario económico actual y fortalecer la previsibilidad en el envío de los recursos.
El Gobierno de Tierra del Fuego y los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin dieron un nuevo paso en el trabajo conjunto para revisar cómo se distribuyen los recursos de coparticipación provincial. En una mesa técnica encabezada por el Ministerio de Economía, las partes analizaron el comportamiento de los ingresos públicos y comenzaron a debatir una nueva normativa que actualice los criterios de distribución.
Durante el encuentro también evaluaron el impacto del contexto macroeconómico sobre las finanzas provinciales y municipales. Uno de los datos que marcó la reunión fue que los recursos nacionales coparticipables correspondientes a junio se ubicaron un 5% por debajo de las proyecciones realizadas por los organismos nacionales, lo que obliga a ajustar la planificación financiera de las distintas jurisdicciones.
Más previsibilidad para los municipios
Además del análisis de los ingresos, el Ministerio de Economía informó que redujo los plazos administrativos para liquidar y transferir los fondos de coparticipación a los municipios. Según destacaron, esta medida permite mejorar la previsibilidad en el envío de los recursos y cumplir con los compromisos asumidos en encuentros anteriores.
Otro de los ejes centrales fue la presentación de un borrador de proyecto que propone redefinir la base de cálculo utilizada para establecer los coeficientes con los que se distribuye la coparticipación provincial entre los municipios.
Desde la cartera económica explicaron que la iniciativa surge del trabajo técnico que Provincia y municipios vienen desarrollando de manera conjunta y que continuará siendo debatida antes de su presentación definitiva.
Al finalizar la reunión, los representantes de las distintas jurisdicciones coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo para fortalecer la coordinación institucional y avanzar hacia una administración más eficiente de los recursos públicos, especialmente en un escenario de menores ingresos.
