La “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, difundida tras la intervención, acredita que el puerto de Ushuaia opera con un Plan de Protección aprobado en el marco del código internacional de seguridad marítima y contradice los argumentos expuestos por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
“El relato que estaba haciendo la Agencia Nacional en cuanto a lo que era seguridad y malversación de fondos no se corresponde en absoluto con la realidad”, dijo el presidente del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia.
La difusión pública de la certificación emitida por la Prefectura Naval volvió a poner en discusión los fundamentos de la intervención sobre el Puerto de Ushuaia. El documento, con vigencia hasta 2029, respalda la operatoria de la instalación portuaria en materia de seguridad.
Se trata de la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026 en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Allí, la Prefectura Naval dejó constancia de que la terminal se encuentra en regla y que opera de acuerdo con un Plan de Protección aprobado, requisito indispensable para garantizar condiciones de seguridad en la operatoria marítima internacional.
Tras conocerse el documento, el presidente del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia, sostuvo que “queda comprobado que el relato de la ANPyN no se corresponde en absoluto con la realidad”.
Murcia relató que “el inspector vino el día 13 del enero, y el día 14 verificó”. Según explicó, al momento de la inspección había dos observaciones pendientes: “una cámara de seguridad que no funcionaba y una cerradura electrónica de ingreso a la terminal que se habían reparado cuando vino el inspector”.
“Es una inspección que fue pedida por la Dirección de Puertos, de hecho, nosotros costeamos los gastos del inspector que vino de Buenos Aires, y el día 14, el inspector verificó que estaba todo cumplido, y, de hecho, tenemos el plan aprobado”, indicó.
En esa línea, recordó que “desde un primer momento pusimos en conocimiento que teníamos el Acta de Inspección”. Además, señaló: “Posterior a la intervención, le envié una nota a la Prefectura Naval pidiéndole el certificado, del cual nos entregaron un duplicado y el original se lo entregaban a ANPyN, en razón de que, en base a la resolución cuatro, habían intervenido el Puerto”.
Asimismo, insistió en que “este tema de la certificación lo venimos hablando permanentemente” y remarcó que “el relato que estaba haciendo la Agencia Nacional en cuanto a lo que era seguridad y malversación de fondos no se corresponde en absoluto con la realidad, la verdad es que nosotros podíamos comprobar que no era así, está más que comprobado”.
Al referirse a la infraestructura, Murcia subrayó que “la máxima responsabilidad de todo lo que implica la embarcación y los pasajeros es del capitán, y el capitán no va a arriesgar su matrícula para ir a un puerto inseguro”.
También afirmó que “a nivel internacional, el puerto de Ushuaia está certificado” y precisó que “la mayoría de los buques que operan en el puerto de Ushuaia -a excepción de la parte de pesca y los containeros-, son de bandera extranjera, por ende, se rigen por las disposiciones internacionales”.
“Dentro de las disposiciones internacionales está la emisión de los certificados y recomiendan el hecho de lo bien que se trabaja en el puerto de Ushuaia, tanto en las condiciones de infraestructura como de seguridad”, argumentó.
Respecto del proceso judicial abierto a partir de la difusión del documento, el funcionario señaló que “estamos trabajando en reuniones, tanto el servicio jurídico nuestro como el servicio jurídico del Gobierno para poder avanzar”.
Finalmente, concluyó: “si las condiciones de intervención que figuran en la resolución de ANPyN no fueran un relato, si fueran verídicas, no podríamos haber recibido ningún barco más”.
