Mientras desde Buenos Aires se agitan borradores y trascendidos, en las altas cuencas cordilleranas se sostiene un sistema vital. El doctor Lucas Ruiz, investigador del CONICET y especialista en glaciares, advierte sobre los riesgos de modificar la Ley Nacional de Glaciares (26.639), un instrumento que protege reservas estratégicas e indispensables de agua dulce. “Los glaciares son como una caja de ahorro de agua que tenemos en la cordillera”, sintetiza.
La normativa vigente resguarda mucho más que los glaciares visibles, esos que conocemos por su belleza escénica, como el Perito Moreno, sino que también resguardan a los cuerpos de hielo que permanecen ocultos bajo la superficie: el llamado ambiente periglaciar. Esa zona funciona como regulador hídrico, almacenando agua durante las nevadas invernales y liberándola en épocas secas, cuando los ríos de la región sostienen la vida.
Glaciar ventisquero negro y su lago – Foto: IANIGLA
“Lo que busca la ley es que no se generen actividades cercanas a los glaciares que impacten directamente sobre ellos”, explica el Dr. Ruiz en diálogo con LU14 Radio Provincia. La preocupación actual está puesta en un posible decreto presidencial que modificaría el alcance de esa protección sin pasar por el Congreso. “No se conoce el texto del decreto, pero teniendo en cuenta el antecedente de la Ley Ómnibus, se supone que va en la misma línea: reducir las zonas protegidas y modificar el objeto de la ley para facilitar la minería en zonas cordilleranas”, advierte.
Una discusión postergada
“Los glaciares no solo son hermosos, también son fundamentales para el desarrollo humano en regiones áridas como la Patagonia”, sostiene Ruiz. El primer inventario nacional se publicó en 2018. Desde entonces, las tareas de monitoreo se han visto afectadas por la falta de recursos.
“Hoy el IANIGLA está haciendo lo imposible para actualizarlo, pero con muy pocos fondos. Las políticas anticientíficas de este gobierno están haciendo estragos en todos los organismos técnicos”, lamenta.
Frente a los argumentos que promueven la modificación de la ley con la excusa de destrabar inversiones, Ruiz es claro: “Es una puja de recursos. Lo que se discute es si vamos a priorizar los minerales de la cordillera o el agua que sostiene la vida y las economías regionales. Pero esas decisiones se deben tomar con información, con estudios ambientales serios, no reduciendo la protección por decreto”.
En esa línea, apunta también a una deuda histórica: el débil sistema de control ambiental en Argentina. “Los organismos provinciales de ambiente son los que menos recursos y poder tienen. Y si no fortalecemos esa institucionalidad, vamos a seguir teniendo conflictos irresueltos”, señala.
Santa Cruz, entre parques y glaciares ocultos
Consultado sobre la relación entre este posible cambio legislativo y Santa Cruz, Ruiz explica: “La gran mayoría de los glaciares de la provincia están dentro de Parques Nacionales, donde rige una legislación más estricta. El glaciar Perito Moreno, por ejemplo, está bien protegido. Lo que podría quedar fuera si se modifica la ley son los glaciares de escombros, donde el hielo no se ve. Esos están más al este y son menos conocidos, pero también cumplen una función”.
Aunque durante años el Perito Moreno fue una excepción, manteniendo su frente estable mientras otros glaciares retrocedían, esa situación cambió.
“Desde hace tres o cuatro años muestra una tendencia clara de retroceso. No significa que va a desaparecer, pero sí que lo veremos más pequeño y más alejado con el paso del tiempo”, explica. La causa, asegura, es evidente: “La pérdida de masa acelerada en las últimas décadas tiene una señal antrópica muy fuerte. Hay una relación directa entre el aumento de gases de efecto invernadero y el retroceso de los glaciares”.
Para finalizar, Lucas Ruiz insiste en que estamos ante un dilema serio. “Necesitamos tener esa discusión como sociedad. Sabemos que las zonas altas de la cordillera son nuestras torres de agua. Y también sabemos que ahí hay minerales necesarios para la transición energética. Pero no se trata de eliminar protecciones por decreto, sino de tomar decisiones responsables, con información y consenso”.
