Por primera vez en la historia, un caso ambiental fue elevado a juicio oral y público en la Argentina: la masacre de pingüinos de Magallanes en la provincia de Chubut. Para comprender la importancia del fallo, DEF conversó con Florencia Gómez, fiscal a cargo del caso.
Daño ambiental agravado sobre el ecosistema y crueldad contra los animales son los cargos en contra de Ricardo La Regina por provocar la muerte de más de 100 pingüinos, destruir 175 nidos y desmontar alrededor de 2.050 m² de vegetación en la reserva faunística de Punta Tombo. El intento de construir este camino en la zona marcó el inicio de una causa ambiental que marcará la normativa Argentina.
El acusado, dueño de la estancia La Perla, arrasó con una retroexcavadora un sector de nidificación de pingüinos de Magallanes en plena temporada reproductiva. Sobre este brutal hecho, la fiscal del caso, doctora Florencia Gómez, detalló a DEF: “Hizo todo lo que no debía: desde desmontar la vegetación hasta construir pequeños diques para proveer de agua al ganado vacuno introducido, por mencionar solo alguno de los daños ocasionados al ecosistema. Se van a necesitar más de 35 años para que se recuperen los impactos a esta área natural protegida de la estepa patagónica”.
Punta Tombo: ¿cómo fue la matanza de pingüinos?
Al constatar los daños generados en La Perla, Alfredo La Regina, tío del imputado y dueño de la estancia lindera, radicó la denuncia para que intervengan las autoridades ambientales de la provincia y al doctor Pablo García Borboroglu, referente y creador de la Global Penguin Society (GPS), organización internacional dedicada a la conservación de pingüinos en el mundo.
El 26 de noviembre, los especialistas Borboroglu y Laura Reyes realizaron el primer relevamiento para constatar la gravedad del tema. Al día siguiente de la depredación, presentaron la denuncia ante la fiscalía de Rawson y luego la fiscal Florencia Gómez, ordenó el allanamiento de Punta Clara.
Vale aclarar que dicho lugar conforma una unidad biológica con Punta Tombo, núcleo de la Reserva de Biósfera de Unesco Patagonia Azul.
En esa instancia, detalla la doctora Gómez, se comprobó la traza de un camino de 190 metros, de entre 30 y 40 centímetros de ancho; el desmonte de un sector de nidificación de la colonia de pingüinos de Magallanes, que alberga casi el 40 % del total mundial; y la colocación de un cerco electrificado a menos de 20 centímetros del piso.
También se pudo determinar la destrucción de alrededor de 146 nidos, la muerte de 292 pichones y la presencia de vacas. “El alambrado dividió la colonia en dos. El nido tiene dos huevos y un adulto que los cuida, mientras otro busca alimento en el mar. Si al regresar no logra llegar al nido, se vuelve una trampa mortal”, explica la doctora Gómez, que desde este trágico episodio se ha transformado en una experta en la materia.
El éxito del trabajo en equipo
Fue tal la resonancia que alcanzó el caso que tomó dimensión internacional: se sumaron como querellantes diversas organizaciones –Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y Asociación Argentina de Abogados Ambientales– y se realizó un informe con la intervención de especialistas en suelo, vegetación y fauna de la Nación, el Centro Científico Tecnológico, CONICET, Centro Nacional Patagónico (CENPAT), National Geographic y Disney.
Los obstáculos fueron muchísimos: la amplitud de la zona para ser relevada, la negativa inicial de la jueza a habilitar la indagatoria y su posterior recusación por ser la esposa de un integrante del estudio jurídico que defendía al imputado del caso, entre otras cosas que retrasaron el caso por meses.
Los informes técnicos realizados en un primer momento fueron corroborados con imágenes satelitales. La inusual participación de organizaciones como National Geographic y Disney –que hasta ese momento no habían intervenido en procesos penales– fue clave, ya que permitió acceder a imágenes de alta definición en las que figura el día y hora de los hechos que permitió obtener el detalle exacto de lo ocurrido.
“Gracias a esta información, pudimos determinar que la retroexcavadora había sido utilizada en el terreno entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, en plena anidada”, dice Gómez y explica por qué es importante determinar el momento. “La Regina declaró en una entrevista que había abierto el camino en el mes de julio de 2021. Por eso, es esencial demostrar que los hechos ocurrieron en noviembre, por lo cual la retroexcavadora tuvo que pasar por encima de los ejemplares”, explica.
Además, también pudieron constatar el levantamiento de 40 centímetros de capa superficial del terreno y, teniendo en cuenta que los pingüinos hacen su nido en cuevas, queda fuera de discusión que fueron arrasados. Esto invalida el argumento de la defensa de que no hay evidencias.
“Encontrar ejemplares muertos es casi imposible, tenemos en cuenta que los pichones pesan 100 gramos y fueron destrozados o quedaron enterrados en medio de la tierra”, manifiesta la fiscal y sonríe al recordar que, en la audiencia, el defensor pidió que se presentara la prueba del delito.
En síntesis, lo que en un primer momento pareció un inconveniente se transformó en un beneficio, ya que permitió recolectar material por medio de drones y fotografías, y ampliar la imputación.
Leyes ambientales obsoletas y un juicio oral inédito
Tres allanamientos, ocho peritajes, los testimonios de especialistas nacionales e internacionales, la colaboración de instituciones, funcionarios, geógrafos, analistas de imágenes, fotógrafos y drones, entre otros, dieron sus frutos y la jueza de garantías Karina Breckle consideró que los argumentos presentados por la fiscalía eran suficientes como para ir a juicio oral y público. Los querellantes esperan que se concrete antes de fin de año.
La carencia de una ley nacional específica que esté incluida en el Código Penal implica que no existen herramientas que permitan juzgar y condenar acorde a la magnitud de los hechos. Es esta la razón por la que tuvo que emplear la calificación de daños agravados en concurso real con crueldad hacia los animales.
“Se trata de una ley del año 1954, la Ley Sarmiento, que está totalmente obsoleta. La calificación jurídica tiene una pena muy baja: solo se encuadra como crueldad animal. O sea que es lo mismo no darle de comer a un perro que destruir 175 nidos y matar casi 300 pichones”, explica Gómez, quien confiesa que dedicó meses a estudiar exhaustivamente el caso, que calificó como “tremendamente cruel”.
Y sostiene: “Necesitamos una ley nacional que proteja la flora y la fauna, nativa o no nativa. Hago esta aclaración porque el pingüino viene seis meses para reproducirse y se va, pero debe estar protegido a nivel nacional como lo está internacionalmente”.
En cuanto a las expectativas, espera conseguir que se configure a nivel nacional la figura del ecocidio, que las leyes sean severas y de cumplimiento efectivo, y también que la recomposición sea una multa importante, determinada por una organización no gubernamental. “Espero que este caso sea un antes y un después. La gente debe tomar conciencia de que la naturaleza es de todos, que tenemos el derecho de disfrutarla, pero también la obligación de cuidarla”, concluye.
Fuente: Defonline
