Autoridades de provincias patagónicas, representantes de entidades empresarias y autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI) decidieron “relanzar, potenciar e institucionalizar” el espacio de integración política, económica, social y productiva de la región Patagonia, a través de la realización de un manifiesto que expresa los objetivos y y propósitos del bloque.
Así, los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Río Negro, Arabela Carreras; el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández; y los gobernadores electos del Chubut, Ignacio Agustín Torres y de Santa Cruz, Claudio Vidal, juntos al representante del CFI, Ignacio Lamothe, y el presidente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, entre otros, establecieron nueve puntos de interés para la región.
Desde Ushuaia, plantearon como punto principal “el sostenimiento de los derechos permanentes e irrenunciables de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; el reclamo por el cumplimiento del mandato constitucional de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que refleje la equidad en la distribución y repare la postergación de las provincias patagónicas”.
También abogaron por el reconocimiento del “derecho de las provincias a intervenir con carácter vinculante en las determinaciones relacionadas a la finalización de las concesiones de las centrales hidroeléctricas situadas en sus territorios”.
En otro orden, acordaron “priorizar la integración con Chile solicitando al Estado Nacional la ejecución de las obras de infraestructura necesarias a ese fin en los corredores bioceánicos, como así también la coordinación de los organismos nacionales para el cumplimiento de ese objetivo”.
A la vez acordaron pedirle a este mismo “la realización de las obras de infraestructura de transporte eléctrico y de gas, viales, portuarias, aeroportuarias y de comunicaciones necesarias para el desarrollo productivo de la Patagonia”.
Además, decidieron “coordinar entre las provincias una política común orientada a que las operadoras petroleras pongan en explotación plena las áreas hidrocarburíferas secundarias o, en su defecto, permitan que sean operadas por empresas regionales y solicitar del Congreso de la Nación un régimen especial que atienda la situación de las cuencas maduras”.
Finalmente, consideraron necesaria la potenciación de las energías renovables y, en particular, reclamar al Congreso de la Nación el tratamiento del marco legal del hidrógeno verde; el desarrollo de líneas marítimas regulares de cabotaje y ultramar; y la protección de los recursos del Mar Argentino de las incursiones de la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada, como así también requerir de las autoridades nacionales la implementación de políticas que permitan el agregado de valor a la industria alimenticia pesquera.
Fuente: Agencia Télam
