El Instituto Danés de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentaron el “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos” , un documento aborda los efectos de la industria sobre las regiones del sur de Chile, donde se desarrolla su actividad principal. Dicho informe alerta que no sólo se están lesionando derechos medioambientales, sino aquellos de quienes trabajan en estas empresas y viven alrededor.
El informe fue dado a conocer la semana pasada por el director del INDH, Sergio Micco, junto con la asesora senior del Instituto Danés de DDHH, Tulika Bansal, y el consejero del INDH Yerko Lujbetic.
En su intervención, el director recordó que el INDH elaboró un mapa de conflictos socioambientales, cuyo desarrollo se remonta a 2012 y que éste muestra que el 44% de los problemas se relacionan con el derecho al agua y 35% ocurre en territorio indígena. “Por lo tanto, es una problemática que va mucho más allá de la industria salmonera e impacta profundamente en el desarrollo; es decir, en la democracia, el bienestar material, la cohesión socio-cultural y por supuesto en la sustentabilidad”, dijo el director.
En tanto, la asesora senior del Instituto Danés de Derechos Humanos, Tulika Bansal, recordó que el informe es parte del proyecto Océanos Sostenibles, un programa que financia la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Además, dijo que se resolvió estudiar la industria salmonera porque se trata de una actividad productiva de gran importancia para Chile y que, por su tamaño, es la segunda en el mundo después de Noruega. Pero también, dijo, por “los antecedentes de tensión que existen entre la industria y las comunidades en varias regiones de Chile”.
Hallazgos del Informe
El Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos detectó, entre otros, una vulneración de los derechos en tres áreas: laboral, socio-ambiental y en temas relacionados con los pueblos indígenas. En lo que se refiere a a derechos laborales, el documentó reveló varios problemas. Uno es el salario que perciben los trabajadores. Si bien se encuentra por sobre el sueldo mínimo, está por debajo de un “sueldo digno”. También alerta sobre el sistema de turnos de 14 días de trabajo, que tiene efectos en la vida familiar y la salud mental. Identifica como factor de riesgo el tipo de contrato, que pone en cuestión la posibilidad de tener vacaciones, de acceder a un nivel de salud física adecuado y de sindicalizarse.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el documento señala la falta del derecho a la salud, condiciones sanitarias inadecuadas en el ámbito laboral, descuentos salariales de las horas médicas de las embarazadas e incluso la solicitud de test de embarazo antes de contratar. A estos hay que añadir falta de resguardo para evitar acoso sexual o situaciones de riesgo a la salida del lugar de trabajo, donde se han registrado violaciones.
Medio ambiente y pueblos originarios
En cuanto a los impactos de esta industria en el medio ambiente, el informe sitúa en primer lugar la ocupación de lugares de libre acceso, afectando la cotidianeidad de las comunidades, afectando sus prácticas culturales y rituales. Esto se suma a la afectación del acceso al agua, porque en las zonas donde la industria ocupa la misma queda contaminada con desechos químicos y biológicos.
El informe resalta que la voz de la comunidad no es tomada en cuenta cuando la autoridad resuelve si aprueba o no un proyecto. A muchos de ellos sólo se les pide una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que sí consideran la participación de la ciudadanía, aunque ésta, en la normativa chilena, no es considerada obligatoria y vinculante.
Respecto de los derechos de los pueblos originarios, queda claro que Estado y empresas entienden el desarrollo de modo diferente e imponen su manera a las comunidades, amenazando el derecho a la libre determinación. Además, las empresas se han ubicado –con la aprobación más o menos explícita del Estado- en zonas que las comunidades indígenas usan con diversos fines, lo que vulnera su derecho de conservar sus sistemas políticos, económicos y sociales.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile
