El Tratado de los Océanos fue aprobado el 5 de marzo, y busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad de las áreas marinas protegidas de áreas fuera de la jurisdicción nacional”, informaron desde la ONU.
El marco legal, conocido como “Tratado de alta mar”, colocaría el 30 por ciento de los océanos del mundo en áreas protegidas, destinaría más dinero a la conservación marina y cubriría el acceso y el uso de los recursos genéticos marinos. “Es una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales por contrarrestar las tendencias destructivas que enfrenta la salud de los océanos, ahora y para las generaciones venideras”, dijo el secretario General de la ONU, António Guterres.
El texto aprobado tiene cuatro puntos principales: la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en aguas internacionales; el reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos; evaluaciones de impacto ambiental y el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología marina a países en desarrollo.
El punto es de gran importancia para Argentina, dado que plantea crear una red mundial de AMP que cubra el 30 por ciento del océano global para el año 2030, debiendo ser representativas de los principales ecosistemas y estar conectadas. Estas AMP podrían proteger de la pesca INDNR a recursos transzonales en el Atlántico Sur.
El impacto que tendrá este acuerdo especialmente sobre Argentina, una vez que sea aprobado formalmente, puede ser muy positivo. “Estaríamos en condiciones de controlar las flotas de países ricos que están sacando todos los recursos que son transzonales”, aseguró al diario La Nación, Maximiliano Bello, experto en políticas oceánicas internacionales y uno de los principales impulsores de las áreas marinas protegidas en América Latina, invitado especial de la Conferencia Nuestros Océanos.
“Todo lo que está pasando por fuera de las 200 millas va a impactar de manera directa sobre el ecosistema, sobre la economía y sobre la gente que vive de esos recursos. Lo mismo pasa con otros países ricos que siguen haciéndose de esos recursos a través de los subsidios que les permiten, por ejemplo, renovar los barcos. Y nosotros no tenemos esa capacidad. No la tenemos en Chile, no la tenemos en la Argentina, no la tenemos en Perú, no la tenemos en Ecuador… Entonces, otros vienen y toman lo que deciden que es suyo”, agregó Máximo Bello.
El Secretario de la ONU agradeció el apoyo crítico en la consecución del Tratado de alta mar de las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, las instituciones académicas y la comunidad científica. Algunos puntos fueron más discutidos que otros, el fortalecimiento tecnológico de países en desarrollo no presentó problemas, pero las evaluaciones que medirán el impacto de otras actividades sobre el ambiente y la propia creación de AMP fueron más discutidas, aunque ninguna tanto como la relacionada con la regulación del material genético marino.
La distribución de la información genética y sus beneficios entre todos los países ha sido un punto que ha puesto en riesgo la firma del texto. La propiedad de esta información y el patentamiento de los hallazgos ha estado hasta ahora en manos de quienes tienen los medios para buscarlos, situación en la que quedan muy desfavorecidos los países en desarrollo.
Pero a partir de ahora, “deberían ser repartidos entre todos”, afirmó Máximo Bello y confirmó que, “fue resistida la distribución de los beneficios futuros de las especies que pueden ofrecer genes patentables, por ejemplo, para su uso en medicina”. De hecho, algunos medios indican que todavía queda por definir los mecanismos de distribución que se implementarán.
Perfectible, no lo suficiente ambicioso para parte de la comunidad científica, pero un paso adelante respecto de lo que se tenía. Eso fue lo que transmitieron los delegados a la presidenta de la Conferencia, Rena Lee, al ovacionarla de pie cuando dijo: “Damas y caballeros, el barco llegó a la costa” para anunciar la firma del acuerdo.
Fuente: Noticias Ambientales
