Es para demostrar interés de preservación ambiental, pero también como forma de aplicar autonomía provincial. Están en desacuerdo con el avance de fundaciones y el Estado Nacional. Se aprobaron dos Parques y una Reserva, y una ley que frena hasta por dos años la creación de nuevas áreas naturales protegidas.
La legislatura santacruceña aprobó ayer jueves una ley que crea dos parques y una reserva provincial, y de otra legislación que frena el nacimiento de nuevas reservas naturales.
El proyecto de las nuevas reservas fue presentado en el mes de octubre por un grupo de diputados justicialistas, y comprende la creación del Parque Provincial Del Viento, El Parque Provincial Cerro San Lorenzo y la Reserva Provincial Huemules.
Del Viento
Los fundamentos indican que el Parque Provincial del Viento, se ubica al noroeste de Santa Cruz, entre las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos y el paraje Bajo Caracoles, y que funcionará como complemento del Parque Nacional Patagonia, para dar una mayor protección a las más de setenta especies que en ella se han podido identificar, y, en especial, al Macá Tobiano por su situación de vulnerabilidad.
Parte de las tierras son fiscales, y otras son privadas. Entre los propietarios figura la Fundación Flora y fauna Argentina que desarrolla el proyecto conocido como “Parque Patagonia Argentina” y que esperaba que los diputados votaran el traslado de jurisdicción para que Nación ingresara esas tierras al Parque Nacional Patagonia.
San Lorenzo
La ley aprobada también aumenta la protección de la actual Reserva Provincial Cerro San Lorenzo, cambiando su estatus a la categoría de “parque provincial”, contiguo al Parque Nacional Perito Moreno.
Ubicado en el límite con Chile, el cerro ya tenía una mínima protección como “reserva”, desde 1993. Ahora, su protección fue elevada a “parque provincial”, como forma de profundizar la protección de las zonas periglaciares y las cuencas de los dos ríos más caudalosos del noroeste santacruceño, según los autores de la idea.
Huemules
En el mismo proyecto se incluyó la creación de la Reserva Provincial Huemules, lindera con el Parque Nacional Los Glaciares y la Reserva Provincial Lago del Desierto, con la idea de preservar el cuidado de la cuenca del Río “Las Vueltas, cerca de la localidad de El Chalten, al norte del lago Viedma.
Los campos pertenecen a la estancia Ricanor, misma zona que meses atrás tuvo una declaración de reserva por parte del gobierno nacional, bajo el nombre de “Reserva Natural Silvestre Piedra del Fraile”.
Es una zona boscosa, hábitat del Pato Torrontés y del Huemul.
La ley tuvo aprobación por unanimidad y ahora deberá ser vista por la gobernadora Alicia Kirchner.
En la misma sesión, otro proyecto de reserva tuvo aprobación por mayoría. se trata de la Reserva Provincial Pingüinos, ubicada en el Golfo San Jorge, lugar de los pingüinos magallánicos.
Argumentos
Los diputados impulsores de la ley que crea las tres reservas sostienen que efectivamente son zonas con interés ecológico, pero no están de acuerdo que sean fundaciones quienes impulsen sus declaraciones y tengan manejo, en forma conjunta con el gobierno nacional. Por eso es que no votan el cambio de jurisdicción para que varios campos sean incluidos en parques nacionales, y en cambio aprobaron una propia declaración de protección sobre cada una de las áreas.
En los fundamentos del proyecto que fue aprobado, los autores dicen: “podemos asegurar que las tres áreas protegidas que estamos proponiendo crear se encuadran perfectamente dentro de los parámetros establecidos por nuestra legislación, hecho éste que seguramente es también compartido por los señores legisladores, más aún por aquellos que ya impulsaron una propuesta para que dichas superficies sean incorporadas a los parques nacionales lindantes, proceso que sólo es factible de concretar si nuestra legislatura aprobare la transferencia de jurisdicción provincial al Estado Nacional; lo que no ha podido ser así, dada las distintas controversias que tal decisión ha provocado”.
Alternativa y autonomía
La aprobación de los dos parques y de la reserva es explicada por los legisladores como una “alternativa” a los desacuerdos para que esa mima Cámara de Diputados de la provincia aprobara la transferencia de jurisdicción de esas y otras tierras para que sean convertidas en Parques Nacionales.
El argumento escrito es que “pensamos que debíamos buscar una alternativa que pusiera foco en la cuestión de fondo de esta problemática; que es, a nuestro sencillo entender, ni más ni menos, el preguntarnos si las tierras en cuestión, deben o no ser objeto de una política de preservación y cuidado, más allá de quien sea el titular del dominio catastral o de qué jurisdicción dependan. Nosotros pensamos que sí, que estas tierras requieren de una política de conservación a fin de proteger la biodiversidad natural que las mismas poseen, junto con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y su uso recreativo y turístico. Pero, a diferencia del proyecto de Cambiemos, no creemos que sea necesario delegar esa responsabilidad en el Estado Nacional. Creemos que, como Provincia, tenemos todas las herramientas legales y los recursos humanos suficientes para cumplir con los objetivos que la Ley nº 3466 dispone para las mismas al obligarnos a mantener y conservar muestras representativas de ecosistemas existentes en la Provincia, asegurando procesos evolutivos de regulación ambiental; mantener y conservar la diversidad biológica para evitar la pérdida de especies vegetales y animales; mantener y conservar sitios y formaciones de importancia geológica y paleontológica o elementos que revistan relevancia histórica y/o estética; mantener la calidad de los suelos y recuperar los degradados; determinar ámbitos propicios para la investigación, la recreación y la educación ambiental; propender a la permanencia de los grupos sociales que históricamente hayan vivido en el área, especialmente los descendientes de los pueblos originarios, respetando sus hábitos culturales y cosmovisión.”
Además de la preservación ambiental, los diputados autores de la iniciativa indicaron que la creación de las tres áreas son parte de la “autonomía provincial” que se opone a “expresiones foráneas.”
Los autores del proyecto fueron Jorge Arabel, César Ormeño, Hugo Garay y Javier Flores.
Freno
En la misma sesión ordinaria realizada en la sede de la legislatura, en Río Gallegos, fue aprobada la “Emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales en lo referente a la creación de áreas naturales protegidas, reservas, reservas naturales, nacionales, estrictas, silvestres y/o educativas, parques, monumentos, y todas aquellas áreas cuyas categorías están definidas en la Ley 3466, el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, y las vigentes referidas a ellas, así como la legislación nacional en la misma materia, en particular del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”.
La ley prohíbe por un año, prorrogable por doce meses más, “la celebración de cualquier tipo de acto administrativo que tenga por objeto la creación de nuevas áreas naturales protegidas, públicas o privadas, hasta tanto no se disponga de un inventario actualizado que releve la totalidad de los establecimientos agropecuarios, no agropecuarios y todos aquellos inmuebles y áreas públicas y privadas de la zona rural de la provincia de Santa Cruz, que permita delinear, en idéntico período, un plan de desarrollo estratégico de unidades productivas que potencien y reactiven de manera integral y sustentable al sector rural provincial”, la aprobación fue de manera unánime.
La ley es la que venía solicitando el sector rural, representados por sociedades rurales y su federación provincial.
Sergio Villegas
