Mientras crece la discusión por la producción fueguina de celulares, un informe expuso otro frente del mercado: el avance del contrabando, que ya alcanzaría a uno de cada tres equipos vendidos en el país.
La apertura importadora no es el único frente que atraviesa a la industria fueguina de celulares. Un informe citado por La Nación advierte que el contrabando creció con fuerza y ya representaría el 35% del mercado nacional.
Según el artículo firmado por José Del Rio, un informe reservado de la consultora MAP advierte que el contrabando se convirtió en un problema creciente para distintos sectores de la economía argentina. En el caso de los celulares, el dato más fuerte surge de otro informe de AFARTE citado por el diario: entre 2023 y 2025, los equipos vendidos por fuera del mercado formal pasaron de representar el 7% al 35% del total.
En otras palabras, uno de cada tres celulares comercializados en la Argentina sería ilegal.
La cifra cambia el eje de una discusión que suele quedar atrapada entre la producción fueguina, los impuestos y los precios finales. De acuerdo con los datos publicados por La Nación, el mercado de contrabando de celulares habría movido unos US$ 1.858 millones en 2025, frente a US$ 2.311 millones generados por las ventas de celulares de producción nacional.
El mismo informe estima que ingresan fuera del mercado formal unas 50.000 unidades por semana. La mitad llegaría desde Paraguay, a través del paso fronterizo de Eldorado, y la otra mitad principalmente desde Panamá, vía el aeropuerto de Ezeiza. La pérdida fiscal calculada solo para el rubro celulares sería de US$ 190 millones.
El punto es especialmente sensible para Tierra del Fuego. La provincia concentra la producción nacional de teléfonos móviles y quedó atravesada por la discusión sobre apertura importadora, baja de aranceles y futuro del régimen industrial. Pero el dato del contrabando agrega una variable que no siempre aparece en el debate público: la competencia también llega desde redes ilegales que venden por fuera de controles, impuestos, garantía y trazabilidad.
En la nota de La Nación, una fuente empresaria buscó despegar el problema del debate sobre la continuidad del modelo fueguino. Según esa mirada, detrás del fenómeno hay circuitos informales y economía en negro. Sin embargo, para la industria radicada en la isla, el impacto es inevitable: si una porción creciente del mercado se abastece de celulares ilegales, cualquier análisis sobre costos, competitividad o precios queda incompleto.
La diferencia de precio aparece como el principal atractivo para los consumidores. Pero también abre interrogantes sobre la falta de factura, la ausencia de posventa, la seguridad de los equipos y la capacidad del Estado para controlar un circuito que se expandió con fuerza a través de redes sociales, plataformas digitales y grupos de WhatsApp.
El fenómeno, además, no se limita a los celulares. La Nación menciona que el contrabando también golpea a rubros como cerveza, neumáticos, agroquímicos, cigarrillos, textiles y calzado. En conjunto, la pérdida fiscal estimada para el Estado argentino habría alcanzado los US$ 2.300 millones hacia fines de 2025.
Desde el Ministerio de Seguridad, según el mismo artículo, aseguran que avanzan con nuevos controles fronterizos y operativos anticontrabando. La preocupación oficial apunta tanto a las fronteras físicas como al crecimiento de los canales digitales, donde la comercialización informal ganó escala y visibilidad.
