Sin dudas uno de los temas que le trajo mayores dolores de cabeza a los diferentes gobernantes de Tierra del Fuego en los últimos 8 años ha sido el -ahora- ex IPAUSS. Apenas asumió la conducción de los destinos de Tierra del Fuego AIAS, Rosana Bertone envió un paquete de medidas al parlamento fueguino con la intención de dar un punto final a esa discusión. Entre ese paquete que se aprobó el 8 y 9 de enero del año pasado con los votos de los 8 legisladores oficialistas y 3 del bloque UCR-Cambiemos, se encontraba la emergencia previsional.
Claramente, ese paquete de medidas se robó el protagonismo de los primeros 4 meses del 2016 y hasta el día de hoy se recuerda aquel día como una de las sesiones más polémicas (tal vez la única) de la actual composición de la legislatura.
Se separó el “megainstituto” que estaba conformado por el sistema previsional y el asistencial, dando origen, por un lado a: la obra social de los trabajadores estatales y a la caja de jubilaciones. Se terminó con la discusión sobre la cobertura de las diferentes prestaciones médicas y con el correr de los meses los jubilados comenzaron a cobrar sus haberes de forma regular cada 30 días, de acuerdo con un cronograma. También se estableció de forma progresiva el incremento de la edad para acceder al jubileo.
La ley 1068 declaró la emergencia del sistema de seguridad social de la provincia, estableciendo un aporte extraordinario para los trabajadores en actividad y pasivos, instituyendo que la actualización del 82% móvil se realice dos veces al año y congelando el haber de la máxima mandataria provincial.
Esa norma (como pocas) tiene fecha de caducidad, fijada en el Artículo Nº1: “Declárase la Emergencia del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por el lapso de dos (2) años, los que se computarán desde la fecha de la sanción de la presente. El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura provincial, en el plazo y condiciones que establezca la reglamentación, un informe circunstanciado que deberá relevar el impacto de las medidas previstas en la presente, de acuerdo a los fines tenidos en miras con su sanción durante el lapso de emergencia. El Poder Legislativo, previo análisis de la información remitida, podrá prorrogar por única vez la emergencia aquí declarada por un plazo igual o inferior a dos (2) años”.
El 9 de enero se cumplen los dos años de la sanción de la norma, lo que reaviva una discusión que, aunque ha tomado ribetes menos protagónicos, no desapareció del todo. Todavía hay sectores que reclaman por el 82% móvil o la baja del aporte solidario.
Es imposible saber qué harán los legisladores que tienen que analizar nuevamente el tema y que ya les generó un gran costo político. Pero hay dos declaraciones públicas que vale la pena introducir. Una es la del presidente de la Caja de Previsión Social, Rubén Bahntje, quien afirmó que la caja necesita los diferentes recursos asignados por la ley de emergencia para poder pagar las jubilaciones. La otra pertenece a Marcelo Córdoba, referente de ATE de la seccional Río Grande, quien sentenció que para poder terminar con el “aporte solidario” hay que pensar en otros fondos con los que se pueda financiar el sistema jubilatorio. A pesar de pertenecer a sectores acérrimamente opuestos, hay una coincidencia: hoy el sistema previsional necesita recursos extras para ser sustentable, lo que hace muy difícil pensar en terminar con la Ley 1068.
Por último, hay un actor foráneo a Tierra del Fuego AIAS que tiene sus ojos puestos en todas las provincias que no entregaron sus cajas jubilatorias a ANSES: el Gobierno Nacional. Es que a través de la sanción de la Ley Nacional 27260 (a la que adhirió Tierra del Fuego), se estableció un mecanismo de asistencia financiera para atender los desequilibrios financieros de las cajas provinciales, a cambio de que las provincias modifiquen sus regímenes, homogenizándolos con el Nacional. Tierra del Fuego AIAS ya modificó su sistema, pero de manera progresiva; la totalidad de los cambios se harán efectivos recién en el año 2025.
Ningún actor político que pretenda conservar acompañamientos locales quiere entregar la caja a Nación, pero está claro que para poder retenerla, el sistema debe ser sustentable.
Luz Scarpati
