Especialistas y organizaciones ambientales reiteraron la importancia de declarar como Área Marina Protegida a estos 148.000 kilómetros de fondos oceánicos, la zona más utilizada en el Hemisferio Sur para la pesca internacional de arrastre de fondo.
A un mes de que pueda perder estado parlamentario, investigadores y organizaciones ambientales reiteraron la importancia de que el Senado sancione la Ley que declare al Agujero Azul como Área Marina Protegida (AMP), una zona de 148.000 kilómetros de fondos oceánicos más allá de las 200 millas actualmente amenazada por la pesca de arrastre internacional.
“La creación del Agujero Azul como área protegida permitiría en primer lugar proteger el fondo oceánico, lo que denominamos área bentónica, es decir que a través de la conservación podríamos hacer uso de nuestra nueva soberanía de extensión de plataforma continental“, explicó a Télam Valeria Falabella, directora de Conservación Costero Marina de la organización ambiental WCS Argentina.
Ubicada a más de 200 millas marinas, en la Plataforma Continental Argentina extendida incorporada como parte de los espacios marinos del país en 2019 por la Ley N° 27.557, esta zona es la más utilizada en el Hemisferio Sur para la pesca internacional de arrastre de fondo, “una de las actividades más destructivas del lecho marino y su biodiversidad”, expresó Falabella.
El proyecto de ley de creación de esta Área Marina Protegida logró media sanción en la Cámara de Diputados en 2022, pero debería ser aprobado por el Senado antes del 30 de noviembre para no perder estado parlamentario.
“A partir de 2019, entonces, la zona quedó en jurisdicción de Argentina; a partir de la creación del AMP el país podría hacerse cargo de la protección por lo menos del fondo marino en forma muy concreta; esto le podría permitir poner un límite a esta flota internacional pesquera (mayoritariamente de China, España, Corea del Sur y Taiwán) que opera sin ningún tipo de control”.
En el mismo sentido, Esteban Frere, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sostuvo que “hay muy poca protección de los fondos entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad; la Ley permitiría la conservación de los cañones submarinos que conectan las aguas y los fondos marinos de más de 200 millas con la plataforma, un espacio muy importante para la economía argentina”.
El biólogo explicó que “los cañones submarino son ‘valles’ que presentan una gran heterogeneidad ambiental lo que permite que muchas y diferentes especies consigan ambientes adecuados para crecer y reproducirse; de modo que su protección es clave para la conservación de la biodiversidad”.
Frere también enfatizó que “esta zona tiene un alto impacto de las pesquerías de arrastre de fondos, que destruyen esa diversidad; son flotas extranjeras que hasta el momento en que se amplió la Plataforma Continental en 2019 no necesitaban ningún permiso y Argentina no tenía ninguna jurisdicción”.
Y añadió: “Ahora tenemos jurisdicción en esos fondos y, por lo tanto, tenemos el deber de proteger esas zonas”.
“Al proteger los fondos estamos protegiendo todo el ecosistema. El mar es fundamental porque absorbe el dióxido de carbono haciendo, de alguna manera, de resorte o absorción del aumento de la temperatura”
Esteban Frere
Si bien el AMP Agujero Azul protegería sólo el fondo del mar, el investigador señaló que en éste “se fijan y se da la reproducción de muchísimas especies tanto de flora como de fauna; por lo que al proteger los fondos estamos protegiendo todo el ecosistema”.
“A la vez -continuó- en el contexto del cambio climático, el mar es fundamental porque absorbe el dióxido de carbono haciendo, de alguna manera, de resorte o absorción del aumento de la temperatura”.
Frere sostuvo que “esto trae aparejado que cuando los cambios o las suba de temperaturas son muy altas el que sufre es el mar, pero si no estuviera en un estado de conservación adecuado, esa capacidad de absorción de calor y del dióxido de carbono se vería afectada y por lo tanto el cambio climático o los cambios en el clima serían mucho peores”.
Desde el punto de vista social, el investigador afirmó que “las condiciones en las que se encuentran muchos trabajadores de estos barcos de pesca de arrastre son violatorias de los derechos humanos, por lo que la presencia de nuestra Prefectura Naval o de la Armada más justificada y continua por la presencia del AMP podría también tener una implicancia directa en esto”.
“Es complejo mostrar al mar dañado herido por nuestras acciones. La mayor parte se encuentra fuera del alcance de nuestra vista. Es conmovedor ver un bosque arrasado por la deforestación, pero es muy difícil mostrar ese mismo daño en el mar, a cientos de metros de profundidad. Es urgente avanzar en acciones que nos permitan comenzar a revertir el daño que hemos ocasionado al mar y sus especies”, concluyó Falabella.
El Agujero Azul es una de las cinco áreas geográficas prioritarias de la iniciativa interministerial del Gobierno, su protección cuenta con el aval de científicos, referentes de la temática y doce de las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Entre las ONG se encuentran Aves Argentinas, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
También están Fundación Temaikén, Aquamarina, Greenpeace Argentina, Global Penguin Society (GPS), Fundación Patagonia Natural (FPN), Proyecto Sub, la Fundación Cambio Democrático y WCS Argentina.
Además de su valor para la protección de la biodiversidad y del impacto de esto en el desarrollo de la economía pesquera nacional, durante la aprobación de la media sanción en Diputados, los legisladores destacaron que en la zona se encuentran los restos del ARA San Juan, el submarino que naufragó en 2017 con sus 44 tripulantes.
Fuente: Agencia Télam
