La habilitación de la actividad comercial en la Subárea 12 genera advertencias por la capacidad del puerto, la gestión de residuos y la convivencia con el turismo. Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, reclama mayor acceso a la información: “Los argentinos tenemos derecho a saber cómo se gestiona nuestro mar, que es un patrimonio natural y cultural de todos, no solamente de quienes explotan sus recursos”.
La bahía de Camarones funciona históricamente como el principal balneario y espacio de esparcimiento de la comunidad. Con la reciente decisión oficial de permitir la pesca comercial durante todo el año, organizaciones ambientales y técnicos que relevaron la zona advierten sobre los efectos que podría tener el ingreso constante de buques industriales en ese espacio.
Especialistas que evaluaron de primera mano el sistema de gestión del puerto, y que hablaron bajo reserva, señalaron que la infraestructura actual resulta insuficiente para el nivel de actividad previsto. Según describieron, la bahía tiene apenas 150 metros de extensión, presenta formaciones rocosas en el medio y cuenta con un muelle de dimensiones reducidas.
Las fuentes técnicas advirtieron que, si el puerto opera a plena capacidad durante el verano con varios buques en simultáneo, las embarcaciones podrían maniobrar a menos de cincuenta metros de los bañistas. Esa proximidad, indicaron, representaría un riesgo físico y podría desplazar el uso recreativo de la playa hacia otros sectores.
Infraestructura y gestión de residuos
Los técnicos que relevaron la zona describieron como precaria la infraestructura destinada a gestionar los residuos asimilables a domiciliarios. También señalaron la falta de datos oficiales que permitan establecer el volumen de basura generado y evaluar las condiciones de su disposición final.
Aunque los desechos pesqueros no se tratan actualmente en el muelle, los especialistas consideran que la habilitación para explotar merluza podría modificar ese escenario y generar la necesidad de instalar infraestructura para un procesamiento mínimo de las capturas.
Según explicaron, esa expansión demandaría un consumo elevado de agua, que podría extraerse directamente del mar mediante bombas. También dependería de un tendido eléctrico previsto para este año, cuya ejecución describieron como incierta.
Los expertos señalaron que la gestión de los residuos diarios podría mejorarse con mobiliario adecuado, señalización y una mayor frecuencia de recolección. Sin embargo, coincidieron en que las dimensiones del puerto plantean una limitación estructural para sostener una actividad anual ininterrumpida.
En ese contexto, advirtieron que la intensificación de las operaciones podría modificar el uso de la bahía y restringir las actividades turísticas y recreativas.
Antecedentes de contaminación y posibles efectos sobre la fauna
Investigaciones del Centro Nacional Patagónico citadas en relación con la actividad portuaria demostraron que los compuestos químicos de las pinturas antiincrustantes utilizadas en los cascos de los buques liberan estaño en el agua. Los estudios detectaron alteraciones reproductivas y malformaciones en moluscos analizados dentro de la jurisdicción del puerto.
A esos antecedentes se suman los registros de vecinos de Camarones, que durante el último verano observaron manchas de hidrocarburos en el agua y alertaron sobre el desprendimiento de defensas del muelle por impactos de los barcos.
Los técnicos consultados también plantearon interrogantes sobre las consecuencias de un mayor tráfico marítimo para la fauna local. Advirtieron que el incremento del movimiento de buques podría modificar la distribución de la vida marina y señalaron la necesidad de trabajar con las áreas de conservación para evaluar los efectos del ruido y la navegación sobre la pingüinera cercana y las rutas de tránsito de las ballenas.
Los planes de desarrollo originales para la localidad contemplaban la recepción de cruceros turísticos. Bajo ese esquema, los grandes barcos fondearían mar adentro y los visitantes llegarían al pueblo en embarcaciones menores.
Para las fuentes consultadas, el cambio hacia una actividad pesquera más intensiva plantea la necesidad de revisar la planificación y la compatibilidad entre los distintos usos de la bahía.
Reclamos por el acceso a la información pesquera
El coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, vinculó la situación de Camarones con las dificultades de acceso a la información sobre la industria pesquera. Señaló que los ciudadanos no cuentan con datos accesibles sobre los barcos que operan, los titulares de las licencias y los volúmenes de captura autorizados.
Coustet recordó que la Ley Federal de Pesca prohíbe el descarte al mar y cuestionó la información disponible sobre los controles a las flotas de arrastre y la captura de fauna acompañante, como la merluza.
“Sin embargo, poco sabemos sobre qué sanciones se aplican a los buques que incumplen la normativa y afectan los ecosistemas marinos”, sostuvo.
El referente también contrastó la comercialización del producto pesquero como un bien premium en los mercados internacionales con la escasez de información pública sobre las condiciones de extracción y los controles locales.
“Los argentinos tenemos derecho a saber cómo se gestiona nuestro mar, que es un patrimonio natural y cultural de todos, no solamente de quienes explotan sus recursos”, concluyó.
