La población de perros cimarrones viene creciendo desde hace décadas y representa un grave problema para el entorno socio ambiental. El legislador Federico Sciurano busca impulsar un programa de trabajo que existe por ley, pero no se está implementando.
Hace seis años, la Legislatura provincial aprobó una ley llamada “Para el Control de los Perros frente a la Emergencia Socioambiental” destinada, como su nombre lo indica, a contener la grave situación provocada por los perros asilvestrados. La problemática no es actual ni lo era en aquel momento: desde hace décadas estos animales cimarrones se han ido adaptando al medio salvaje, complicando cada vez más el panorama.
La presencia de perros asilvestrados en las zonas rurales de Tierra del Fuego representa una amenaza tanto para el ambiente como para la salud pública y genera consecuencias también en la economía. Según explica Federico Sciurano, (legislador de Juntos por el Cambio), los ataques de perros salvajes al ganado ovino han generado un fuerte retroceso en la industria.
Cuenta Sciurano que “en nuestra provincia -como gran parte de la Patagonia-, la industria de la lana ha sido un bastión fundamental de la actividad y del desarrollo económico y comercial, teniendo el sector ganadero la capacidad de generar puestos de trabajo de manera significativa. Hoy, prácticamente ha desaparecido.”
¿Cómo empezó este problema? “Con el crecimiento demográfico de las urbes en Tierra del Fuego hubo impactos muy positivos y otros -vemos ahora-, no tanto. La incapacidad de visibilizar lo que podía pasar si no se les prestaba atención a las mascotas, si no se entendía el significado de cuidar a un animal que debía ser considerado un integrante de la familia. No hubo una actitud responsable sobre esta situación: algunos perros fueron olvidados y se los dejó de tener en cuenta. Las consecuencias serían muy graves”, narra Sciurano.
“Los perros que hoy están generando tantos problemas no son ejemplares que acaban de abandonar la ciudad, sino que llevan varias generaciones salvajes. Aquellos primeros animales dejados de lado, fueron trasladándose a otras regiones de la provincia al no tener posibilidades de desarrollarse. Los que observamos hoy, son generaciones posteriores: tienen que cazar para comer y se manejan con estándares sociales similares a los del lobo, según los cuales se construye el liderazgo en función de la prevalencia física. Por eso desarrollan un mecanismo violento de contacto con su ambiente”.
El peligro que pueda representar un perro suelto urbano, no se asemeja en nada a la agresión que proponen las jaurías de perros salvajes. El riesgo, entonces, no es solo para las ovejas o las vacas, sino que también, dice Sciurano, corre peligro una familia que disfruta de un día en el campo. “No sería raro que lleguen a matar a alguien; estos perros ya no tienen guarismos urbanos, sino que están en sintonía con un estilo de vida salvaje”.
El legislador se encuentra en la actualidad intentando obtener información acerca de si la ley aprobada en 2016 -la cual fuera impulsada por Oscar Rubinos- se está aplicando de manera efectiva, o no. “La ley define un programa de contención a esta problemática. Nosotros estamos pidiendo que nos informen cómo está evolucionando ese programa (que cuenta con un fondo específico de financiamiento) y cuáles son los datos duros que ha venido arrojando la puesta en vigencia de la norma”.
“Desde el año 2020 venimos presentando pedidos de informes sobre el Programa de Control de Poblaciones Caninas y la puesta en funcionamiento de esta ley, pero lamentablemente hasta acá no hemos recibido ni un llamado telefónico. Son pedidos que han sido acompañados por unanimidad por toda la Legislatura, creo que merecemos el respeto de una respuesta”.
Según Sciurano, falta tomar dimensión de la complejidad del tema: “no solamente hay que ponerlo en agenda, sino que además hay que darle sostenimiento técnico y de conocimiento de terreno para poder tener objetivos que sean alcanzables en el corto, mediano, y largo plazo. Los científicos han cumplido un rol fundamental para el diagnóstico de la situación durante el desarrollo del proyecto de ley, y en la elaboración del tratamiento adecuado”.
El impacto en el ambiente rural
Sciurano explica que, si bien algunos proyectos rurales están implementando algunas alternativas como la presencia de perros guardianes que permiten controlar los espacios, las demandas de los productores son constantes. “Es un problema grave que necesita de la intervención de un Estado que esté a la altura. Hablando con el sector rural, me queda la sensación de que el Programa no se está llevando adelante: necesitamos saber si funciona, si los fondos son suficientes…”.
“Ese trabajo que queda por hacer, debe realizarse con los científicos y, por supuesto, con los ruralistas, que son los que conviven con esta amenaza y han debido cambiar su matriz en función de una realidad que los superaba, destrozando así una industria que tenía décadas en Tierra del Fuego. Hay que aplicar la normativa y observar la necesidad de mantener una política estable, más allá de los gobiernos”.
Lucía Fernández Hadid
