El titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Luis Capellano, junto al ministro de economía, José Labroca expusieron ante los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto del parlamento fueguino los alcances del proyecto que busca modificar la ley tarifaria provincial y los motivos por lo que se ven -casi- en la obligación de reformarla nuevamente.
Todo comenzó con la firma del Consenso Fiscal, allá por 2017. Este acuerdo, que rubricaron 22 de las 23 provincias (San Luis no firmó), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, establecía entre otras cosas, algunos topes para las alícuotas sobre ingresos brutos. A partir de la firma de ese pacto, 17 jurisdicciones sancionaron reformas a las normativas provinciales para adecuar esas tasas a la letra del documento, entre ellas Tierra del Fuego AIAS, que sancionó el 15 de diciembre del año pasado la Ley Provincial N° 1192. Hasta acá, todo de mil maravillas.
Pero un día apareció el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) con sus informes inoportunos, diciendo que Tierra del Fuego AIAS está haciendo trampa en cuanto al cumplimiento del Consenso Fiscal. Esta asociación civil que nuclea a un grupo de profesionales vinculados con la economía, cuestionó el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Estos economistas dicen que, si bien el impuesto sobre ingresos brutos se encuentra por debajo de los límites establecidos en el Consenso Fiscal, el cobro de la alicuota adicional que alimenta ese fondo de afectación específica deriva en que los diferentes actores que llevan adelante las actividades productivas terminen pagando un impuesto superior al fijado por el pacto.
Las conclusiones del informe del IARAF son muy duras contra Tierra del Fuego AIAS: “Prácticas como las aplicadas por la Provincia de Tierra del Fuego, de no considerar dentro de los límites del Consenso a las sobretasas o incrementos de alícuota, claramente terminan desvirtuando el objetivo central del Consenso Fiscal”. Incluso alerta sobre la posibilidad de que el resto de las jurisdicciones que todavía no adecuaron sus tarifarias al pacto incorporen la misma metodología: “Es imperioso que este tipo de acciones no se empiecen a replicar en otras jurisdicciones (todavía hay 5 que no sancionaron la ley impositiva para este año), situación que en caso de ocurrir implicará la desaparición del objetivo central de disminuir la presión tributaria legal en nuestro país”.
Hay que darle la derecha al Gobierno Provincial en algo; esta alícuota adicional no se creó para compensar la pérdida que significó la reducción de las tasas sobre ingresos brutos, generada a partir de la firma del acuerdo fiscal -aunque sí se incrementó en diciembre de 2017. Esta sobretasa está vigente desde el 2012, a partir de la sanción de la Ley Provincial N°907. Esta norma creó el fondo de afectación específica no coparticipable a los municipios para solventar políticas públicas relacionadas con los servicios de salud y educación, y cerró la discusión sobre la aplicación de la Ley Provincial N°648, debate protagónico durante 2012 que en su punto más álgido terminó con la Casa de Gobierno rodeada de basura quemada.
Según los dichos de Capellano, en la reunión de la Comisión de Presupuesto el Gobierno Provincial interpreta que -en efecto- cumplían con el Consenso Fiscal a partir de las adecuaciones realizadas en diciembre del año pasado y explicó ante los parlamentarios que, ante el reclamo que realizó el Gobierno Nacional a partir del informe de esta asociación civil, la Provincia podría haber optado por judicializar el planteo. Pero la vía judicial traía más dolores de cabeza que soluciones en este país en el que el federalismo se diluye con los kilómetros y la depreciación de la moneda. Según el equipo económico del Ejecutivo fueguino, ese camino podría haber significado que el Gobierno Nacional dejara de mandar los recursos comprometidos en el Consenso Fiscal, que estimaron en mil millones de pesos. En definitiva, sale más barato modificar la Ley Provincial N°440, ya que esto implicará una pérdida estimada de 157 millones de pesos, compartida con los municipios, debido a que la recaudación por ingresos brutos es coparticipable.
Con esta nueva adecuación de la ley tarifaria, Río Grande perderá casi 29 millones de pesos, Tolhuin casi 16 millones y la capital fueguina 17 millones, según las estimaciones realizadas por el equipo de la AREF, basadas en el comportamiento estacional de las actividades económicas afectadas. El datito de color sobre este tema es que si el IARAF hubiese emitido el documento en enero de este año o en diciembre de 2017, las pérdidas en la recaudación hubiesen sido casi un 50 por ciento más.
Es probable que este proyecto sea abordado en la próxima sesión ordinaria que está programada para el próximo 24 de mayo.
Luz Scarpati
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