La Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Secretaría de Energía de la Nación llamarán a concurso público para “la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de diversas firmas hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.
Así lo dispuso en el decreto 895/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y entre las empresas alcanzadas por la norma se encuentran “Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A (Neuquén y Río Negro); Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A (Río Neuquén); Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A (Río Neuquén) y Piedra del Águila Hidroeléctrica S.A” (Neuquén).
La Secretaría de Energía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrán dictar las normas para el concurso, que será “nacional e internacional, competitivo y expeditivo”.
El complejo hidroeléctrico Alicurá está ubicado en las provincias de Neuquén y Río Negro, cuenca del Río Limay; la Central Hidroeléctrica El Chocón también se encuentra sobre las aguas del río Limay, a 80 km de la confluencia con el río Neuquén; y el Complejo Cerros Colorados está ubicado íntegramente en la provincia del Neuquén, a unos 60 km aguas arriba de la confluencia con el río Limay.
Qué dicen las Neuquén y Río Negro
El gobernador Rolando Figueroa confirmó que se formalizará una mesa de trabajo para definir las concesiones de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén. Durante su visita a Buenos Aires mantuvo un encuentro con el secretario de Energía, Eduardo Chirillo.
En la oportunidad, el mandatario neuquino transmitió su inquietud por el impacto que genera la falta de financiamiento nacional en proyectos estratégicos para la región. La agenda de temas incluyó la interconexión eléctrica entre Alicurá y Bariloche (Río Negro) – Villa La Angostura y el gasoducto cordillerano, entre otros.
En marzo último, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck había enviado a la Legislatura un proyecto de ley con acuerdos de ministros donde reafirma la propiedad de los recursos naturales por parte de la Provincia y establece regulaciones claras y rigurosas para el uso de aguas públicas con destino a la generación de energía hidroeléctrica.
Hasta el momento de escribir esta nota, no se conocían declaraciones oficiales sobre el decreto del gobierno nacional.
